PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Claudia Romanillos Villanueva, exdirectora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública estatal (IPAE), es la encarnación de la impunidad del saqueo realizado por el ex gobernador Roberto Borge, que utilizó dicho instituto para rematar predios de alto valor turístico a amigos y familiares a precios irrisorios, un quebranto millonario que sigue en el limbo judicial por la protección que en el sexenio de Carlos Joaquín le brindaron diversos actores políticos y que en esta administración cuenta con el manto protector del magistrado Carlos Lima Carbajal quien fue parte de la mafia borgista, ahora cobijado en la Cuarta Transformación.
Es público que Claudia Romanillos se encuentra refugiada en Mérida, en la casa de su fallecido suegro, Eduardo Solís Preciat, el ´Zar del Sascab’ quien murió en arraigo domiciliario por haber cometido fraude y despojo de tierras en Quintana Roo, sin embargo la justicia es ciega para Claudia Romanillos quien a 8 años de estar prófuga sigue contando con protección oficial.
El monto calculado por la venta de terrenos a precios muy por debajo de su costo real fue de alrededor de mil 500 millones de pesos; sin embargo, al paso de los años más irregularidades han salido a la luz pública, por lo que el daño al erario se ha visto incrementado y ahora se habla de más de 2 mil millones de pesos.
Romanillos Villanueva, fue acusada de cohecho, peculado y uso ilícito de la función pública, y pese a que la administración de Carlos Joaquín inició procesos en su contra, Claudia Romanillos evadió los juicios con amparos y otros recursos legales. Con el tiempo, su cercanía con la familia Bartlett y el magistrado Carlos Lima parece haber rendido frutos: todos sus problemas judiciales se esfumaron.
La Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO) nació con la idea de sustituir al Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado (IPAE), un organismo que el gobierno de Carlos Joaquín González calificó como “profundamente corrupto”.
En el sexenio de Borge se “vendieron” terrenos a cero pesos a Julia Abdalá Lemus, pareja de Manuel Bartlett Díaz, entonces director de la CFE, y a su hijo León Manuel Bartlett Álvarez. A excepción de Borge, que sigue en prisión, todos los exfuncionarios perseguidos judicialmente “arreglaron” sus casos, en acuerdos extrajudiciales con el gobierno de Carlos Joaquín sellados bajo la opacidad.
El IPAE fue creado en 2005, durante la administración de Félix González Canto, como un organismo público descentralizado encargado de administrar, conservar y enajenar los bienes del Estado. Absorbió facultades y patrimonio de instituciones como el Fideicomiso Caleta Xel-Há y del Caribe (Fidecaribe) y el Inviqroo, que atendía la demanda de lotes para vivienda popular.
El Fidecaribe, establecido en 1973, antes de la creación del estado, tenía el propósito de impulsar el desarrollo turístico del Caribe mexicano. Se le asignaron extensas tierras en lo que hoy es la Riviera Maya, incluyendo el polígono donde se ubica Xel-Há.
La integración del Fidecaribe y el Inviqroo en el IPAE concentró en una sola institución la gestión de predios turísticos y sociales, pero en los hechos la atención a la vivienda popular desapareció. Ese vacío abrió paso a la venta indiscriminada de terrenos ejidales y a la proliferación de colonias irregulares. Con la promesa de acabar con esa corrupción, el gobierno de Carlos Joaquín creó la AGEPRO, pero lejos de romper con las viejas prácticas, las institucionalizó con nuevos nombres y rostros que persiste hasta nuestros días.
El pasado 1 marzo de este año el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción le impuso una fianza de más de 849 millones de pesos a Mauricio Rodríguez Marrufo, ex titular de Desarrollo Urbano en el Gobierno de Roberto Borge, para que se haga efectiva una suspensión a favor en un juicio en su contra por irregularidades durante esa administración; en ese juicio también están incluidos el ex gobernador Roberto Borge y Claudia Romanillos.
Cada uno de ellos debería cubrir una fianza por 849 millones. El monto total de la fianza es de 2548 millones de pesos, a cubrir en partes iguales entre los tres. El tema se remonta a 2019, cuando la Secretaría de la Contraloría del estado, durante el gobierno de Carlos Joaquín, sentenció a los tres ex funcionarios a pagar 1274 millones de pesos por irregularidades diversas.
Hoy se dice que Romanillos sigue protegida por la familia Bartlett y el magistrado Carlos Lima; Romanillos Villanueva, benefició con traspasos a Julia Abdalá Lemus, pareja sentimental de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad; hoy continúa libre y sin afrontar diversas imputaciones surgidas desde hace ocho años, cuando se reveló el remate del patrimonio público de Quintana Roo a precios irrisorios.
Aquellos actos irregulares generaron carpetas de investigación por los delitos de cohecho, peculado y uso ilícito de la función pública, entre otros. La principal imputación que se le hace a Romanillos es presuntamente utilizar el cargo para comercializar predios de gran valor a precios de remate, para favorecer a allegados políticos y familiares del exgobernador Borge Angulo.
Claudia Romanillos Villanueva fue titular del IPAE de abril de 2011 a septiembre de 2016, durante prácticamente todo el gobierno Roberto Borge Angulo, quien la llevó al cargo tras desempeñarse como su secretaria particular, el organismo fue extinto por Carlos Joaquín González en 2017, luego de ser considerado como el mayor símbolo de la corrupción borgista.
Para el 2016, previo a la conclusión del desastroso gobierno de Roberto Borge Angulo, actualmente preso en el estado de Morelos, Romanillos compareció ante la legislatura local, en tal acto fue cuestionada por los diputados locales por la venta de terrenos sobre la costa a precios de 65 pesos el metro cuadrado, tal como ocurrió en Akumal, una comunidad turística de gran belleza en la Riviera Maya.
Tres años antes, en 2013, se había ejecutado la “compraventa” de un predio de 3.8 hectáreas a cero pesos a favor de Julia Abdalá, operación que la revista Proceso dio a conocer en su reportaje “A la sombra del Tren Maya, el paraíso secreto de los Bartlett”, donde también se explica cómo el hijo de Manuel Bartlett, León Manuel Bartlett Álvarez, adquirió predios en lugares exclusivos y estratégicos de la Riviera Maya.
Tras girarse órdenes de aprehensión, la exfuncionaria tramitó demandas de amparo para evitar ser detenida, en diversos juzgados federales recibieron sus escritos, por lo que logró suspensiones contra los actos que pudo haber ejecutado la Fiscalía local, pero 2018, la representación social informó que quedaban sin efecto tales medios de protección, porque la funcionaria no pagó una garantía monetaria que le requirió el juez federal.
Inmediatamente el órgano procurador de justicia emitió fichas de búsqueda. Hasta ahora no se ha vuelto a informar sobre el estatus de los procesos ministeriales contra Romanillos, pero ha promovido varias demandas de amparo, principalmente en juzgados federales de Yucatán, donde de acuerdo con versiones de medios de comunicación locales, es donde se oculta. Sin embargo el gobierno de la Cuarta Transformación hace caso omiso a los señalamientos, la protegen y uno de ellos es Carlos Lima Carbajal.
