Chetumal, 11 Octubre; poderycrítica.- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Harley Sosa Guillén, inició la entrega de Informes Especiales a los ayuntamientos, sobre las condiciones y las quejas en cárceles de cada uno de los municipios.
Sostuvo que el objetivo general es contribuir con información para que cada autoridad pueda generar, en el ámbito de su competencia, estrategias y políticas públicas destinadas a la protección y promoción de los derechos humanos.
En conferencia de prensa, precisó que los informes abarcan el periodo correspondiente a 2014 y hasta agosto del presente año y contienen datos sobre las quejas más recurrentes en contra de autoridades municipales.
Refirió que por lo general en todos los municipios, las autoridades municipales más señaladas son los relacionados con la seguridad pública, principalmente por detenciones arbitrarias y tratos crueles y degradantes.
Puntualizó que se señalan sí existen recomendaciones pendientes para su cumplimiento.
Sosa Guillén manifestó que la otra parte del informe se refiere a la situación de la cárcel municipal en su demarcación, indicando cuáles son las áreas que salieron bien calificadas, las que requieren atención inmediata para garantizar los derechos humanos de las y los internos.
El alcalde de Bacalar, Manuel Alexander Zetina Aguiluz, fue el primero en recibir el reporte y lo hizo posterior a la inauguración de capacitación a policías de dicha demarcación que se realizó en la sala de juntas de la presidencia municipal de esta localidad, precisamente sobre prevención de la tortura y Derechos Humanos.
La entrega se hizo ante la diputada Eugenia Solís Salazar, quien preside la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura del Estado, así como de Alicia Pérez Rodríguez, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos.
Sosa Guillén explicó que en el caso de Bacalar, el informe señala que de enero de 2014 al 31 de agosto de 2016 se tramitaron 39 expedientes de queja en contra de 43 autoridades o servidores públicos del orden municipal.
Añadió que de los cuales 33 expedientes corresponden a hechos presuntamente violatorios a los derechos humanos cometidos por 35 autoridades o servidores de seguridad pública del citado municipio.
Además, puntualizó que durante ese período se emitió una recomendación en 2014.
