Poder y Crítica | Redacción | Migrantes varados en la frontera norte de México optan por un empleo en territorio mexicano por el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, como el Título 42, pero afrontan precariedad laboral, sueldos paupérrimos y muchos de ellos en la informalidad, sin prestaciones ni garantías de nada.
Pese a los esfuerzos que se realizan en ciudades como la fronteriza Tijuana, la activista Judith Cabrera, codirectora de Borderline Crisis Center, considera que sigue siendo un tema pendiente de consolidar porque los empleos en general para toda la población “precarizados”.
“Son temas que enfrenta en sí la ciudad (Tijuana), pero para las personas que vienen de afuera es más complicado por el desconocimiento de la misma ciudad, desde cómo transportarse, dónde buscar trabajo, dónde es seguro, y a ello se agrega el problema de que no cuentan con documentos“, dijo a Efe en entrevista.
Un caso es el de Byron Fuentes, originario de Guatemala, quien dijo a Efe que percibe un salario de mil 200 pesos (unos 60 dólares) a la semana, lo que no le alcanza para satisfacer sus necesidades y las de su familia.
“Hay que comprar todos los alimentos, a veces se presenta que uno se enferma y tenemos que poner dinero de la bolsa para comprar medicamentos y no alcanza, la verdad”, expuso.
Un estudio del Colegio de la Frontera Norte arrojó el año pasado que la documentación migratoria constituye el principal factor facilitador u obstaculizador de la integración social de los migrantes extranjeros.
Para que un migrante acceda a un trabajo formal en México debe contar con su documento de condición de refugiado expedido por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) o una tarjeta de visitante por razones humanitarias del Instituto Nacional de Migración (INM).
Además debe tener la Clave Única de Registro de Población, mejor conocida como CURP, y el Registro Federal del Contribuyente (RFC) ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Luego de acercarse a solicitar trabajo, deben abrir una cuenta bancaria, para la que requieren el pasaporte vigente de su país, y aquí es donde enfrentan gran parte del problema.
Enrique Lucero, director municipal de Atención al Migrante en Tijuana, compartió a Efe que ese es un obstáculo porque muchas personas no cuentan con este documento y “al no tenerlo no se puede abrir la cuenta y no pueden ser contratados porque es donde la empresa deposita la nómina”.
Aunque en Tijuana existen consulados de países como Honduras, Guatemala y El Salvador, además de una representación de la Embajada de Haití, apuntó que “el problema es que tarda tiempo en renovarse, el proceso tarda entre uno y dos meses”.
A esta problemática se suma la discriminación racial que enfrentan algunos de los migrantes, pues, aunque cuenten con la documentación requerida, son rechazados por prejuicios y estigmas, como es el caso de los centroamericanos, y la barrera del idioma, para los haitianos y africanos.
Esto lo reafirma Viga López, quien lamentó que las empresas “no te dan un pago digno porque eres migrante y la bronca (problema) es que si tú vas a pedir trabajo, lo primero que te dicen es ‘tú eres inmigrante, no eres de México’ y es algo muy fuerte porque solo queremos trabajar“.
La activista Judith Cabrera denunció también el hostigamiento de la Policía, lo que inhibe la búsqueda de trabajo por temor a que les quiten su dinero.
Lo que ocurre en Tijuana refleja un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) detectó a más de 1.7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre pasado.
Información de Latinus.
