PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, procesado como un criminal por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita, al haber enajenado 22 inmuebles provocando daño al patrimonio público por más de 900 millones de pesos, fue beneficiado con el ‘regreso’ de dos propiedades embargadas en Cozumel a favor de su familia por orden del Servicio de Administración Tributaria del estado (SATQ), organismo afín al PVEM y al servicio de la cúpula morenista.
La liberación del embargo judicial fue ordenada por Héctor Contreras Mercader, titular del SATQ, militante del Partido Verde, operador y verdugo al servicio de Morena; el regreso de las propiedades ha levantado cuestionamiento sobre la legalidad del ‘perdón’ inmobiliario’ a favor del exmandatario preso en Morelos por delitos de corrupción y delincuencia organizada relacionados con la función pública cometidos siendo gobernador de Quintana Roo de 2011 a 2016.
En 2018, por orden de un juez de Control de Chetumal, a solicitud de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, siete propiedades fueron embargadas para que el exmandatario y su familia, no pudieran disponer de ellas en operaciones de compraventa o actividades similares; se trata de inmuebles ubicados en Chetumal, Playa del Carmen y Cozumel, que fueron objeto de investigación por la dilapidación del patrimonio público estatal durante su gobierno, actos de corrupción y abuso en las que tuvo la complicidad con Claudia Romanillos Villanueva, extitular del IPAE, otrora dependencia administradora del patrimonio estatal, a quien también le fueron embargados bienes.
No obstante, de acuerdo con los folios reales del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, desde febrero de este año, dos terrenos ubicados en la zona costera de Cozumel fueron liberados a favor de la familia de Roberto Borge, a siete años de que quedaron asegurados por mandato judicial. Se trata de los predios ubicados en la avenida Juárez número 660 y la avenida Rafael E. Melgar con calle 5, número 399; ambos en Cozumel; a partir de esta liberación decretada, la familia del exgobernador puede disponer de las propiedades para sus fines personales.
En julio pasado, un Tribunal Colegiado de Apelación de Morelos reconsideró al exgobernador, que pasó de cómplice a líder criminal por el delito de uso de recurso de procedencia ilícita, al haber enajenado 22 inmuebles por un daño al patrimonio público de más de 900 millones de pesos.
Lo que sucede con esta ‘liberación’ de propiedades, habla de un acuerdo en lo oscurito de un Gobierno que se dice transformador, pero que lleva el mensaje de que en Quintana Roo la impunidad sigue siendo el lenguaje del poder.
“¿Qué clase de ‘Cuarta Transformación’ permite que un político preso recupere los frutos de su corrupción? ¿Qué ‘justicia social’ puede presumir un Gobierno que perdona al saqueador mientras los ciudadanos siguen pagando las consecuencias de su desastre financiero? Borge, acusado de vender 22 propiedades del estado a precios de regalo, no sólo fue cómplice: fue el jefe de una red criminal que usó el poder para enriquecerse”, son preguntas y afirmaciones que se leen en las redes sociales sobre un posible acuerdo gubernamental con un delincuente confeso.
Hoy, en una administración ‘humanista con corazón feminista’, le regresan a Borge bienes mal habidos; el SAT de Quintana Roo levantó los embargos; los registros fueron modificados y la familia del exgobernador puede hoy disponer de los terrenos como si nada hubiera pasado.
El gobierno que prometió memoria, justicia y rendición de cuentas, quedó en discurso, el cambio fue de colores, porque devolverle los bienes a un ladrón del erario no es justicia. Es complicidad, y la complicidad, en política, también es corrupción. Eso dicen y hace eco en todo el estado.
