PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | La entrega del millonario contrato de la basura de Solidaridad, realizada por adjudicación directa, debe ser investigada porque sugiere la existencia de un posible acto de corrupción, denunció el diputado José Luis Toledo Medina, secretario de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos del Congreso del Estado.
La alcaldesa Lili Campos Miranda, quien la alcaldesa consentida y protegida del gobernador Carlos Joaquín, se niega a transparentar y presentar en el portal de transparencia del Ayuntamiento los pormenores del contrato, «estaría incurriendo en los mismos actos que juró combatir», asegura el legislador.
Recordó que durante su campaña por la presidencia municipal, Campos Miranda prometió que no iba a repetir los errores de la administración saliente, de adjudicar de manera directa los servicios públicos municipales, tal como sucedió con la administración del relleno sanitario.
“Recién salió a la luz el contrato de prestación de servicios número DPM/AD/SER/060/2021, otorgado a la empresa Electrotaller Industrial y Comercial El Rural S.A. de C.V., por 353 millones de pesos para hacerse cargo de la recolección de basura, lo que significa que los habitantes de Solidaridad pagarán la renta de camiones recolectores de basura a un precio 10 veces mayor de lo que hubiera costado comprarlo”.
Citó que el costo comercial de un camión recolector es de aproximadamente un millón de pesos. Lo que significa que con esa cantidad comprometida con la empresa, se podría comprar cerca de 200 unidades, quedando dinero suficiente para los costos de mantenimiento y gasolina, pero en su lugar, optó por rentar solo 30 unidades.
“Este tema debe ser investigado de inmediato, porque las pruebas que el día de ayer evidenció un medio local, hacen sospechar de un presunto caso de corrupción, del mismo tipo que ella criticó cuando era oposición”, declaró Toledo Medina.
Por lo que utilizando de pretexto la pandemia, la presidenta y varios funcionarios más entregaron un contrato por adjudicación directa, con una vigencia de tres años, es decir, concluirá hasta septiembre de 2024.
