PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Ante el ocultamiento de Laura Aguilar Loredo, titular de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado, sobre sus ingresos declarados, luego negados y corregidos en el portal de transparencia, evidencia el nivel de corrupción que se opera en las oficinas de prensa y difusión en todo el estado.
Los 26 millones de pesos que Laura Aguilar declaró en 2023 corresponden a ingresos generados en el año 2022 durante el proceso electoral local, millones de pesos productos de moches y comisiones por la entrega de publicidad en el ayuntamiento de Benito Juárez, no es peccata minuta, es una muestra de la corrupción que rodea y acompaña a esta funcionaria.
Laura Aguilar se da una vida de reina que presume en redes sociales como viajes, ropa de diseñador, restaurantes de lujo, todo lo contrario a lo que predica la Cuarta Transformación en materia de austeridad y camina con severos señalamientos de corrupción desde su paso por varias dependencias, como en Presidencia de la República donde los cochupos y extorsiones de Julio Sherrer Ibarra le sirvieron de ejemplo y graduación para ponerlos en práctica en Quintana Roo.
Laura Aguilar opera un área estratégica donde se mueven libremente muchos millones de pesos en imagen gubernamental, trabajo que desde el Ayuntamiento de Benito Juárez, le ha permitido acumular una fortuna que por sus declaraciones a la fecha supera los 30 millones de pesos, según consta en documentos del Sistema de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia Fiscal, que recientemente fueron modificados y alterados por la misma Aguilar Loredo.
Laura Aguilar presume el padrinazgo de Julio Sherrer Ibarra, exconsejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos actos de corrupción. El exfuncionario ocultó a la Secretaría de la Función Pública ser dueño de al menos siete casas y departamentos en Ciudad de México y el puerto turístico de Acapulco en el tiempo en que fungió como el abogado del presidente de México, el precio al que fueron adquiridas las propiedades es de 70.7 millones de pesos.
En septiembre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la salida de Julio Scherer de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, a quien le reconoció su labor en el proceso de transformación y por elaborar iniciativas de reforma constitucional.
En febrero de 2022 la Fiscalía le acusó de haber aprovechado su cargo público para frenar sanciones del Gobierno a la compañía constructora OHlL (ahora Aleática), con la que Scherer y familiares suyos tenían, según la indagatoria, conflictos de interés laborales y económicos.
Julio Scherer Ibarra, ofrecía su ayuda a empresarios que tenían problemas con la justicia y les hacía contratar los servicios de despachos de abogados que eran cercanos a él. La operación consistía en acercarse a empresarios implicados en procesos legales complejos y ofrecerles solucionar sus problemas a cambio de grandes cantidades de dinero.
El esquema de extorsión consistía en ofrecer a los empresarios en problemas, soluciones a través de una red de despachos de abogados de los que Scherer Ibarra había sido socio o con los que tenía algún tipo de relación. Estos despachos imponían tarifas estratosféricas en pagos de honorarios superiores al millón de dólares y sumas subsecuentes conforme avanzaba el caso.
Ese fue el maestro en extorsión y cochupos de Laura Aguilar que ya los ha puesto en práctica cobrando comisiones por cada contrato de publicidad, e inclusive para liberar pagos que van desde el 10% y hasta un 25% por liberar pagos atrasados. Laura Aguilar maneja discrecionalmente más de 165 millones este 2025, un ejemplo del manejo irregular de recursos de la Cuarta Transformación en Quintana Roo.
