Poder y Crítica | Redacción | El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera (PAN), destacó la complejidad del proceso legislativo que enfrenta la propuesta de reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Aunque las bancadas de la Cámara Baja muestran acuerdo en aprobar el proyecto, la entrada en vigor este año se considera prácticamente imposible.
Romero Herrera explicó que, tras ser avalada por los diputados, la propuesta debe pasar al Senado, donde requiere una aprobación con una mayoría calificada de dos tercios. Sin embargo, como reforma constitucional, también debe ser respaldada por al menos 17 Congresos locales para convertirse formalmente en ley. Este complejo proceso legislativo hace improbable que la reforma se consolide antes de que finalice el año 2023.
La propuesta, debatida en cinco foros de Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados, ha suscitado opiniones divergentes. Durante estos encuentros, representantes sindicales y patronales señalaron aspectos negativos y plantearon la necesidad de otorgar incentivos a las empresas, establecer límites en jornadas especiales y horas extras, y revisar los salarios.
José Reynol Neyra, secretario de Acción Política de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, expresó su oposición al dictamen, argumentando que no es el momento propicio para llevar a cabo la reforma. Insistió en la importancia de realizar un estudio y debate más amplios, así como en la existencia de condiciones económicas y sociales favorables. Esto, a pesar de que durante los parlamentos abiertos se presentaron estudios que demuestran que los trabajadores se encuentran en malas condiciones debido a las largas jornadas laborales.
Reducción de Jornada Laboral podría ser gradual
Desde la Cámara Americana de Comercio, Alfredo Kupfer Domínguez subrayó la necesidad de conocer las opiniones de empresarios, trabajadores y autoridades ejecutivas federales y estatales. Propuso ejecutar la reforma de manera gradual, permitiendo que las empresas planifiquen su adaptación y la acompañen con políticas integrales.
Ángel Evaristo Celorio Guevara, coordinador jurídico del Comité Nacional de la CTM, señaló que la reforma obligaría a revisar los salarios, advirtiendo que su alcance podría llevar a una reducción de horas de trabajo o a la informalidad, contraviniendo el objetivo de la reforma.
Estas declaraciones se han centrado únicamente en los beneficios y pérdidas que presentan los empresarios, sin tener en cuenta las necesidades de los trabajadores, quienes son la razón principal por la que se presentó la reducción de la jornada laboral.
Tomás Héctor Natividad Sánchez, miembro de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), instó a considerar un proceso progresivo y gradual que analice aspectos como impuestos, costos de empleo formal, precio del tiempo de horas extras, competitividad y productividad, dada la variabilidad del impacto en distintas áreas.
