Poder y Crítica | Redacción | Otro ejemplo del descaro y la impunidad características de las operaciones de la llamada “mafia inmobiliaria de la costa” se observa en las maniobras que desplegó para apoderarse de un terreno de 32 metros lineales de playa, en la calle 11 número 187 de Dzilam Bravo.
Aquí no solo se repitió la colusión de funcionarios del ayuntamiento de esa población con la empresa Uredi —pieza clave de esa mafia—, sino también la participación, presuntamente fraudulenta, de tres importantes empresarios foráneos, encabezados por Benigno Villarreal del Río, que adquirieron este terreno a precios ínfimos a sabiendas de su origen ilegal.
Según datos obtenidos por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, el predio con 4,015 metros cuadrados de superficie total, al parecer perteneciente al fundo legal de Dzilam Bravo, fue adjudicado a Uredi a título gratuito por el ayuntamiento de esa población, en una supuesta sesión de cabildo celebrada el 18 de diciembre de 2013.
En esta fecha se habría acordado desincorporar ese terreno del patrimonio municipal y en otra sesión, el 19 de diciembre del mismo año, se habría aprobado su adjudicación a esa empresa.
Ambas decisiones aparecen en las actas de cabildo números 74 y 75 que, como ya publicamos, serían falsas.
Esas actas justifican la adjudicación gratuita de ese terreno por el supuesto compromiso de Uredi de impulsar obras de “carácter social, generación de empleos y desarrollo económico” sobre ese predio, el cual, dicen las actas de cabildo, la empresa “ha trabajado y fomentado por más de siete años”.
El terreno se escrituró a nombre de Uredi supuestamente el 21 de julio de 2015 por el escribano de Cenotillo, Jorge Alberto Alamilla Castro, pero la inscripción en el Registro Público fue el 12 de febrero de 2016.
Uredi, dos meses después, violando las formalidades legales del caso —incluyendo la prohibición de vender terrenos del fundo legal a título oneroso, sin la autorización del ayuntamiento—, vendió el terreno en común y partes iguales a Benigno Villarreal del Río, José Antonio Aguilar Bueno y Gerardo Pandal Rodríguez, altos funcionarios de la empresa Vive Energía, administradora de los parques eólicos de Dzilam Bravo y Progreso.
La escritura de compraventa se hizo el 13 de abril de 2016 ante el notario público Alejandro José Monsreal Rodríguez, pero el desaseo jurídico típico en muchas de las operaciones de la “mafia inmobiliaria de la costa” se observó igualmente en este caso.
Por ejemplo, el notario Monsreal Rodríguez dio fe del aviso definitivo de compraventa en una escritura fechada el 3 de mayo de 2016, ¡casi 20 días después de la fecha legal de la venta del predio!
No solo eso: Uredi vendió ese terreno de playa, no obstante su posesión a nombre de Xóchitl Mota Careaga, de acuerdo con un certificado expedido por el Ayuntamiento de Dzilam en 2013, según el cual esta persona llevaba más de siete años trabajando el predio.
Aunque la afectada presentó una denuncia en contra de la adjudicación gratuita, ésta nunca prosperó.
El despojo se consumió cuando los directivos de Vive Energía pagaron a Uredi la cantidad de $45,000 por los 32 metros de playa; es decir, a $1,406 el metro.
A valor actual, ese predio tendría un precio mínimo promedio de $200,000 el metro y de $6.5 millones la superficie total. La cantidad pagada fue tan baja que los adquirientes difícilmente podrían alegar que compraron de buena fe.
Villarreal del Río es director general de Vive Energía, mientras Aguilar Bueno es el director de Administración y Finanzas y Pandal Rodríguez, director Comercial y de Mercados.
Información de Hernán Casares Cámara.
