PODER Y CRITICA | REDACCIÓN | Con la acción judicial dictaminado por un juzgado federal de Chetumal que ratificó una suspensión a favor de Claudia Romanillos Villanueva, exfuncionaria de la administración de Roberto Borge, acusada de atracar patrimonio estatal, es una muestra que “La Mafia Verde” y el el borgismo incrustado en el gobierno de la cuarta transformación le siguen brindando protección para que siga en libertad y disfrutando de sus millones en la ciudad de Mérida.
Este recurso legal que beneficia a Claudia Romanillos, para no enfrentar un posible enjuiciamiento por haber vendido a precios de ganga terrenos estatales de gran plusvalía, confirman que desde el TSJEQRoo y de la FGEQRoo se opera para encubrir la corrupción de una funcionaria acusada de causar un daño superior a los 2 mil millones de pesos al pueblo quintanarroense.
La exdirectora del extinto Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal (IPAE), logró el pasado 5 de enero, en la reapertura de los servicios jurisdiccionales de los juzgados federales, el otorgamiento de una suspensión definitiva contra un auto de vinculación a proceso impuesto por una jueza de control de la capital del estado.
“Se concede la suspensión definitiva solicitada por (…), por conducto de su defensor particular (…) contra un acto que atribuyó a la Jueza de Control con Especialización en Justicia Penal Para Adolescentes del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal”, se lee en el acuerdo judicial consultado por Sol Quintana Roo dentro del expediente 1144/2025 de amparo indirecto.
La exfuncionaria solicitó el amparo el pasado 22 de diciembre. Un día antes de la pasada Navidad le fue otorgada la suspensión provisional; no obstante, la medida era temporal.
Tras la celebración de la audiencia incidental el pasado 2 de enero, este lunes fue anunciada la suspensión definitiva que frena la continuidad del proceso penal por peculado, relacionado con la enajenación del patrimonio estatal, que consistió en la venta de diversos terrenos de alta plusvalía a precios irrisorios.
Para lograr la suspensión definitiva, la defensa de Romanillos Villanueva reclamó que a su cliente no se le respetaron sus derechos fundamentales relacionados con el debido proceso. Por ahora la audiencia constitucional que deberá resolver todo el fondo del asunto se encuentra programada para el próximo 9 de febrero.
El pasado 22 de diciembre a Claudia Romanillos le fue ratificada una orden de aprehensión luego de que el Juzgado Tercero de Distrito, de Mérida, determinó no amparar a la ex funcionaria; se trata de un expediente que fue en su momento hecho valer por Chetumal, pero que al final fue atraído por el citado órgano judicial qué, en sentencia definitiva, determinó no otorgar el amparo a favor de la exfuncionaria.
“Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Claudia Romanillos Villanueva, por los motivos expuestos en el considerando TERCERO de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Claudia Romanillos Villanueva” (sic), se lee de manera puntual en el juicio de amparo indirecto del expediente 1356/2025.
Romanillos Villanueva, la amiga íntima de Beto Borge encarcelado por corrupto en un penal de Morelos, se encuentra ligada a la venta de terrenos que eran parte del patrimonio público estatal a precios extremadamente bajos, a favor de empresas fachada constituidas por personas cercanas al círculo del exgobernador ya que era la encargada de firmar las escrituras a favor de terceros.
Claudia Romanillos Villanueva, directora del IPAE durante gran parte del gobierno borgista, fue acusada de cohecho, peculado y uso ilícito de la función pública.
Aunque la administración de Carlos Joaquín inició procesos en su contra, Claudia Romanillos evadió los juicios con amparos y otros recursos legales. Con el tiempo, su cercanía con los Bartlett y la “Mafia Verde”, parece haber rendido frutos: todos sus problemas judiciales se esfumaron.
A excepción de Borge, que sigue en prisión, todos los exfuncionarios perseguidos judicialmente “arreglaron” sus casos, en acuerdos extrajudiciales con el gobierno de Carlos Joaquín sellados bajo la opacidad.
El IPAE fue creado en 2005, durante la administración de Félix González Canto, como un organismo público descentralizado encargado de administrar, conservar y enajenar los bienes del Estado. Absorbió facultades y patrimonio de instituciones como el Fideicomiso Caleta Xel-Há y del Caribe (Fidecaribe) y el Inviqroo, que atendía la demanda de lotes para vivienda popular.
El Fidecaribe, establecido en 1973, antes de la creación del estado, tenía el propósito de impulsar el desarrollo turístico del Caribe mexicano. Se le asignaron extensas tierras en lo que hoy es la Riviera Maya, incluyendo el polígono donde se ubica Xel-Há.
La integración del Fidecaribe y el Inviqroo en el IPAE concentró en una sola institución la gestión de predios turísticos y sociales, pero en los hechos la atención a la vivienda popular desapareció. Ese vacío abrió paso a la venta indiscriminada de terrenos ejidales y a la proliferación de colonias irregulares, una bomba de tiempo que sigue creciendo alrededor de las principales ciudades del estado.
Con la promesa de acabar con esa corrupción, el gobierno de Carlos Joaquín creó la AGEPRO, pero lejos de romper con las viejas prácticas, las institucionalizó con nuevos nombres y rostros.
Hoy, Claudia Romanillos se pase en la ciudad de Mérida, con protección y con total impunidad, los tentáculos de la corrupción y captación de “La Mafia Verde” que en el estado es liderada por el diputado Renán Sánchez Tajonar, llegan hasta Yucatán. EL atraco de 2 mil millones de peso es el ejemplo e la mayor impunidad en Quintana Roo.
