PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | El INAI señaló que está “plenamente justificado” el interés de la población por los contratos para la supervisión del Tren Maya
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) transparentar los contratos para la supervisión de obra de los siete tramos del Tren Maya.
La funcionaria del organismo público autónomo señaló que está “plenamente justificado” el interés de la población por esta información sobre la obra prioritaria del presidente Andrés Manuel López Obrador para el sureste del país.
Sostuvo que es necesario saber que el uso los recursos públicos destinados para esta ejecución “es responsable y de acuerdo a los fines establecidos”.
Asimismo, reiteró que la importancia de garantizar la disponibilidad de los contratos de supervisión obedece a que forman parte de la información que se requiere para evaluar la actuación de las autoridades y la forma en que se ejercen los recursos.
La resolución se derivó de un recurso de revisión interpuesto por una persona que requirió a Fonatur Tren Maya, órgano público a cargo de la obra, la entrega de las razones sociales de las empresas contratadas por Fonatur para realizar labores de supervisión de obra, el monto de los contratos, vigencia y estatus.
En respuesta, Fonatur dijo al ciudadano que no cuenta con información, motivo por el que se interpuso la querella ante el INAI.
La comisionada aseveró que el Tren Maya es un tema de interés recurrente para la ciudadanía y, en más de una ocasión, las autoridades responsables han faltado a su deber de informar.
Reiteró que las resoluciones emitidas por las ponencias del INAI apelan al principio de máxima publicidad, por lo que es “muy importante que este megaproyecto tenga abierta la información, se entregue la información pública y se ponga a disposición de los ciudadanos”, zanjó.
El Tren Maya, una de las obras prioritarias del presidente López Obrador, con una inversión de alrededor de 200.000 millones de pesos (unos 10.236 millones de dólares), plantea construir más de 1.500 kilómetros de vía férrea en cinco estados del sureste del país: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Pero desde antes del arranque de las obras, en junio de 2020, algunas organizaciones civiles presentaron recursos legales contra su construcción por considerar que daña al medioambiente.
Con información de EFE
