Cancún, Q. Roo, Domingo 20 de septiembre del 2020, poderycrítica.- La violencia sistemática y principalmente las violencias estructurales que vivimos las mujeres, han hecho que la violencia sexual y feminicida se recrudezca y aumente, así como las desapariciones y trata de personas en el estado, lo que exige la suma de esfuerzos concretos y recursos específicos de los tres niveles de gobierno, aún más en la actual situación de emergencia por la pandemia generada por la COVID-19.
- La asignación de presupuestos para la igualdad apenas representa el 1.69% del PEF 2020 y tan sólo el 0.12% del Presupuesto de Egresos de Q.Roo.
- La agenda de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y la alerta de violencia de género en Q.Roo requiere presupuestos claros y transparentes para la ciudadanía.
Las condiciones de desigualdad y violencia en la que viven las niñas y mujeres en nuestro país y en nuestro estado, es más que nunca, una asignatura pendiente a resolver, por lo que colectivas unidas de distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres, señalan la urgente necesidad de que el discurso se refleja en la asignación de presupuesto a las políticas de igualdad sustantiva, que en 2020 es apenas del 0.12% del presupuesto para el Estado.
Seis de los municipios de Quintana Roo han sido declarados con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y dos más se encuentran en proceso de revisión conforme al mecanismo previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Mucho se ha documentado ya acerca de la gravedad histórica de las violencias, así como de su escalada en números y severidad, durante la pandemia por COVID 19, escenario que nos coloca ante un imperativo redoble de esfuerzos concretos de todos y cada uno de los niveles de gobierno.
Como sucede en cualquier sector de políticas públicas, la agenda amplia para abatir las desigualdades (educativas, laborales, económicas, de acceso a la propiedad entre muchas) y las violencias, requieren de recursos económicos. El artículo 15 de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres establece que los gobiernos de las entidades federativas deben incorporar en sus respectivos presupuestos de egresos la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad.
El artículo 49 de la Ley de Acceso señala que las entidades federativas deben proveer los recursos presupuestarios, humanos y materiales, en coordinación con las autoridades que integran los sistemas locales, a los programas estatales y el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Si bien a nivel federal, la asignación de presupuestos para la igualdad, reflejados en el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), es un mecanismo institucionalizado, apenas representa el 1.69% del PEF 2020. Por su parte, el presupuesto asignado al Instituto Quintanarroense de la Mujer, órgano rector en materia de política de igualdad sustantiva, es de apenas 0.12% del total del presupuesto para el Estado de Quintana Roo, en el año 2020.
La clara y manifiesta ausencia de compromisos locales con la elaboración y asignación de presupuestos al amplio espectro de la agenda para la igualdad sustantiva, ha sido señalada por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que en sus recomendaciones emitidas en 2018, exhortó sobre la falta de presupuestos estatales asignados a la aplicación de las leyes sobre la igualdad de género y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
