CANCÚN | Pablo Gutiérrez Fernández, secretario del ayuntamiento de Benito Juárez tiene otro jugoso negocio con el Centro de Retención de la Zona Hotelera, una especie de «Torito» para los turistas y locales que son extorsionados en despoblados por elementos de la Policía Turística que le rinde cuentas directamente y que en un turno le reditúan ganancias arriba de los cincuenta mil pesos en contubernio con el Director del Centro de Retenciones municipales, Miguel Martínez Ibarra.
Según denuncias públicas los Juzgados Cívicos, ubicado en la Zona Hotelera es uno de los trabajos más disputados entre los Jueces ya que las ganancias van desde los 15 mil a 50 mil pesos por turno, ya que los costos por cada falta administrativa van desde los $1037.40 pesos a $5187.00 pesos por persona, o de lo contrario pagan con un castigo de 24 a 36 horas de arresto.
En redes sociales se denunció que por instrucciones de Gutiérrez Fernández, los jueces cívicos controlados por Martínez Ibarra, aplican la multa más baja para poder hacer su negocio, ya que en su sistema solo reportan el mínimo y es el motivo por el cuál no entregan comprobantes y solo efectivo aceptan, eso es en caso de ser locales.
Se acusa que en caso de ser turistas, cobran los mismos números, pero en dólares. Ya han habido varias denuncias por parte de turistas extranjeros, que aseguran haber pagado la cantidad de 3 mil dólares para salir libres, es otra ‘caja chica’ que deja ganancias de miles de pesos que no son auditados y que se catalogan como recursos propios.
En la denuncia que circula en redes sociales, se detalla el modus operandi de esta red de corrupción supervisada por Miguel Martínez, un elemento de la policía, presenta al ciudadano probable infractor por la comisión de alguna infracción o por remisión de otras autoridades con el médico, una vez registrada su entrada al Centro de Retención Municipal.
Luego el médico legista realiza la certificación del estado físico del probable infractor, detallando si se encuentra bajo algún tipo de intoxicación etílica o de alguna sustancia tóxica y si presenta golpes recientes o lesión alguna, destacando el tiempo que necesita para su recuperación si llegase a encontrarse intoxicado.
Luego genera el certificado médico pertinente, señalando si es apto o no para estar en celdas y las horas de recuperación en su caso, le señala al Elemento de la policía que ya puede poner a disposición del Juez Cívico al probable infractor.
En una tercera instancia el elemento de la policía, pone a disposición del Juez Cívico al probable infractor con las documentales correspondiente como son Informe Policial Homologado (IPH), Certificado Médico y Puesta a disposición.
En un cuarto paso, el Juez Cívico, instruye al Secretario para recibir la puesta a disposición del probable infractor, para determinar su situación jurídica, a su vez, el Secretario, recibe las documentales correspondientes del probable infractor y realiza el llenado del formato de expediente en donde se indica nombre del infractor, edad, fecha, hora de ingreso, la razón de su detención, los alegatos realizados por el probable infractor y describe las pertenencias entregadas por el infractor descritas en el anexo correspondiente del IPH, resguardando dichas pertenencias en su caso.
En este entramado el Juez Cívico instruye al Elemento de la Policía presente al probable infractor para su custodia ante el Elemento de Seguridad y que esté presente al Probable infractor con el Psicólogo para evaluación psicosocial.
En la cadena, se dice que el Elemento de Seguridad, presenta al probable infractor para evaluación psicosocial con el psicólogo; el Psicólogo, realiza la evaluación psicosocial al probable infractor, emitiendo su dictamen psicosocial para determinar factores de riesgo, para consideración del Juez Cívico al momento de llevar a cabo su resolución y hace entrega del probable infractor al Elemento de Seguridad, para su presentación a la audiencia.
Para finalizar el proceso de extorsión, el Elemento de Seguridad presenta al probable infractor en la sala de audiencias donde descaradamente se le pide dinero para dejarlo salir y no arrestarlo, en cada turno se dice, reportan más de 50 mil pesos al secretario del ayuntamiento, el pues el ‘Torito’ de la Zona Hotelera una mina de oro operada por Miguel Martínez Ibarra en contubernio con el secretario del ayuntamiento, Pablo Gutiérrez Fernández, el nuevo rostro del Segundo Piso de la Cuarta Transformación.
