PODER Y CRITICA | REDACCIÓN | El Auditor Superior del Estado, Miguel Zogby Cheluja Martínez, tiene severos problemas de conflictos de interés, para poder ocultar la corrupción de la que formó parte en el ayuntamiento de Othón P. Blanco cuando fungió como Tesorero con Yensunni Martínez Hernández.
El auditor quiere que despachos particulares sean los que se encarguen de revisar la cuenta pública de Yensunni Martínez Hernández, pero al final será él quien decida la aprobación, una acción que hasta los Diputados, negaron que existiera un conflicto de intereses.
Cheluja sigue delegando funciones en otros subordinados para que hagan el trabajo; en marzo pasado, había delegado atribuciones a su Directora de Control y Seguimiento de Resultados de la Fiscalización para que se encargara de la cuenta pública de Yensunni Martínez
En este caso, despachos o profesionales independientes contratados serán “sin la participación activa” del Auditor Superior. Con ello pretende evitar incurrir en violaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.
Sin embargo, donde no ofreció garantía de actuación independiente de ningún tipo es en la contratación de los despachos o auditores independientes. En ese caso, solo emitió una orden directa al Titular de la Unidad de Administración para que contrate a uno o varios despachos.
Dentro del programa de auditorías 2025, la Auditoría Superior del Estado incluyó 4 para el ejercicio fiscal 2024 de la administración de Yensunni Martínez Hernández; en ese año, los gastos del municipio alcanzaron los $1381 millones, de los cuales, $750.8 millones estuvieron a cargo del ahora Auditor Superior. Las auditorías a ejecutar corresponden al 24-AEMF-A-GOB-098-195 de Cumplimiento Financiero de los Ingresos Propios; y la 24-AEMF-A-GOB-98-196, de Cumplimiento Financiero de Gastos Públicos. Además, la auditoría 24-AEMF-A-GOB-098-197, de Cumplimiento Financiero de Financiamientos, otras Obligaciones y Empréstitos; y la 24-AEMF-A-GOB-098-201, de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Recursos Propios.
Pero ese problema de conflicto de intereses, no es lo único en que se encuentra envuelto el funcionario, ya que recientemente pidió un salario de 80,789 pesos mensuales para una secretaria privada exclusiva de su oficina, lo que causó malestar y molestia en todos niveles gubernamentales. En la misma solicitud, Cheluja incluyó un aumento para su propio sueldo, que pasaría de 131,648 a 136,419 pesos mensuales.
La propuesta, que ya circula en medios y redes sociales, plantea la creación de una “Secretaría Privada” que se encargaría de su agenda personal y coordinación ejecutiva. Sin embargo, para muchos, el cargo parece más un lujo innecesario que una verdadera necesidad institucional.
En su comparecencia ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso del Estado, Cheluja realizó una exposición opaca e incompleta sobre el estado de la solventación de las irregularidades observadas durante las auditorías de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2023.
Siete meses después de presentar su informe, el auditor superior dijo que reclasificó 25 solicitudes de aclaración a pliegos de observaciones, lo que sumó más de 5 millones de pesos a las irregularidades administrativas detectadas en la fiscalización; pero no presentó cuáles son los entes públicos a los que corresponden dichas observaciones, de la misma forma que en su presentación pública también omitió detallar cuáles solventaron las observaciones que les hizo y cuáles no.
Destaca el informe de la reclasificación de 25 acciones de la Auditoría Superior de Quintana Roo(Aseqroo), pues todo indica que al entregar el Informe General Ejecutivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2023 en el mes de febrero, Miguel Cheluja maquilló el monto de las irregularidades detectadas, y por eso presentó acciones como solicitudes de aclaración, aunque al final de cuentas correspondían realmente a observaciones, que representan recursos ejercidos irregularmente o sin comprobación.
Ahora, siete meses después, y luego de que no existieron las aclaraciones como tales, en la última reunión con la Comisión de Hacienda sobre esta cuenta pública, Miguel Cheluja presentó 25 solicitudes de aclaración reclasificadas a pliegos de observaciones, lo que llevó a recuantificar a observaciones sin solventar un importe de 5 millones 321 mil 162.27 pesos de irregularidades administrativas que no fueron reportados como tales en el informe original.
Gran parte de ese monto corresponde a irregularidades que se detectaron en la administración de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, encabezada entonces por el hoy alcalde de la isla, José Luis Chacón Méndez, del Cheluja Martínez también omitió informa públicamente en febrero sobre el monto de las observaciones que le resultaron en las auditorías.
Esos más de 5 millones de pesos reclasificados se sumaron al monto de observaciones que quedó sin solventar en el plazo de febrero al 30 de septiembre de este año, dejando la cifra final de recursos ejercidos sin comprobación debida hasta la fecha en 104 millones 667 mil pesos.
En la incompleta presentación que hizo en la reunión del viernes, Cheluja Martínez recordó que en febrero reportó 33 pliegos de observaciones, los cuales representaban 227 millones 894 mil 662.99 pesos de monto total observado.
Ahora, con corte al 30 de septiembre, dijo que se atendieron 11 pliegos de observaciones, con lo cual se lograron solventar 128 millones 538 mil 596.51 pesos, quedando un saldo por solventar por 99 millones 356 mil 66.48 pesos, correspondientes a 22 pliegos de observaciones.
Enseguida dijo que tenían pendientes 61 solicitudes de declaración, pero que después de febrero fueron reclasificadas a 25 pliegos de observaciones, 14 recomendaciones y 21 procedimientos de responsabilidad administrativa, y una solicitud de aclaración.
Por lo que al final se tienen 47 pliegos de observaciones sin atender, con un total de 104 millones 677 mil 228.75 pesos en observaciones pendientes de solventación, al sumarse ahora los 5 millones 321 mil 162.27 pesos de irregularidades que habían sido maquilladas como aclaraciones. Cheluja Martínez no informó en su presentación a cuales entes públicos corresponden dichas observaciones sin solventar.
