Ecuador, 08 octubre; poderycritica.-La justicia de Ecuador pidió la ficha roja de Interpol para la captura del expresidente Rafael Correa, quien vive en Bélgica y fue sentenciado a ocho años de prisión por corrupción.
En una resolución fechada el martes, un juez dispuso “que se proceda con la notificación roja de Interpol” contra el exmandatario y otros 14 sentenciados en el caso “Sobornos 2012-2016”.
El pedido se realizó debido a que “existe sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada” y que han transcurrido 13 días desde que se dispuso la localización y captura de los sentenciados “sin que se conozca de sus paraderos”, agrega el documento.
Una ficha roja es un pedido mundial de detención provisional de una persona buscada por un país para su enjuiciamiento.
La resolución dictada por el juez Iván León aplica para 15 de los 20 sentenciados por el delito de cohecho, entre lo que están exministros, exdiputados y empresarios.
“Una vez notificada, la oficina de Interpol en Quito tiene que pedir las piezas procesales que normalmente Interpol solicita, (por ejemplo) la orden de prisión
preventiva, el auto de llamamiento a juicio y luego con eso hacer un informe y ahí deciden si dan o no paso” al pedido de difusión roja, explicó a la AFP Fausto Jarrín, abogado de Correa.
Jarrín precisó que los abogados de los implicados en el caso fueron notificados el martes sobre el requerimiento de la justicia.
Correa (2007-2017) fue juzgado en ausencia y sentenciado por sobornos a favor de su partido a cambio de contratos con diversas empresas durante su gobierno.
El expresidente, de 57 años, fue vinculado al caso por 6.000 dólares que ingresaron a su cuenta bancaria y que alega que eran de un préstamo de un fondo de su partido.
En diciembre de 2018, la Interpol rechazó el pedido de difusión roja contra Correa por el caso del secuestro de un opositor en 2012 en Colombia.
El juicio por secuestro está suspendido debido a que el expresidente no puede ser juzgado en ausencia por ese delito, castigado con hasta siete años de cárcel.
El expresidente niega su participación en el secuestro y considera que los juicios en su contra son una persecución del gobierno de Lenín Moreno, su sucesor y exaliado.
