PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | La Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este miércoles la reducción gradual de la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, una reforma constitucional con la que México busca alinearse a estándares internacionales orientados a mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores y elevar la productividad.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue avalada tras una sesión maratónica de más de ocho horas, con 411 votos a favor y 58 en contra. Con el respaldo previo del Senado de la República, la reforma será turnada ahora a los congresos estatales para su validación y posterior promulgación.
Implementación gradual sin reducción salarial
De acuerdo con el dictamen aprobado, la disminución de la jornada laboral no implicará recorte de salario ni de prestaciones y se aplicará de manera progresiva, reduciendo dos horas por año a partir de 2027, hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030.
Durante 2026 se establecerá un periodo de adecuación, en el que empresas y trabajadores deberán reorganizar y planificar sus procesos productivos para transitar al nuevo esquema laboral.
Cambios adicionales
La reforma fija un nuevo límite al tiempo extraordinario: hasta 12 horas semanales, distribuidas en un máximo de cuatro horas diarias y cuatro días a la semana. Además, se prohíbe que menores de 18 años realicen horas extra.
Aunque se redujo la jornada laboral, la mayoría oficialista mantuvo la regla de un día de descanso por cada seis días trabajados, rechazando la propuesta de la oposición de ampliar a dos los días de descanso semanal.
Impacto y opiniones encontradas
Con esta reforma, México se equipara con países de Europa, Asia y América que operan jornadas de entre 35 y 40 horas semanales. En América Latina, naciones como Chile, Colombia, Brasil y República Dominicana ya han avanzado en reducciones similares.
El Gobierno federal estima que la medida beneficiará a 13.5 millones de trabajadores, aunque analistas consideran que el impacto podría alcanzar hasta 30 millones de personas, cerca de la mitad de la población económicamente activa del país.
Especialistas prevén que la reforma implicará reorganización de procesos, nuevas contrataciones y ajustes contractuales. Mientras autoridades han descartado afectaciones significativas a los costos empresariales, voces del sector privado discrepan.
Oscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señaló que la gradualidad permitirá a las empresas adaptarse sin impactos severos. En contraste, Manuel Montoya Ortega, director del clúster automotriz de Nuevo León, advirtió que la reforma sí encarecerá los costos laborales.
Con la aprobación en San Lázaro, la reducción de la jornada laboral entra en su fase final de validación, marcando uno de los cambios más relevantes en materia laboral en México en las últimas décadas.
