Chetumal, Q. Roo, Martes 17 de Noviembre de 2020, poderycrítica.- El Frente Cívico Quintanarroense confió en que se modificará la legislación para establecer que quienes aspiren a ocupar un cargo público en el Estado tengan al menos 10 años de residencia en la entidad.
El representante de esta organización, Alberto Villanueva Coral, detalló que hace unos días presentaron esta propuesta a los diputados integrantes de la XV legislatura.
El documento tiene como objetivo garantizar que los profesionistas locales puedan acceder a más espacios labores en la administración pública Estatal, cumpliendo con el perfil académico correspondiente.
Debido a que la gran mayoría de los egresados de las instituciones públicas y privadas del nivel superior, han sido desplazados por foráneos que ocupan cargos públicos, incluso torales de primer nivel.
Principalmente aquellos que tienen que ver con el rubro de seguridad, área de vital importancia de las administraciones estatales para contener los índices delictivos y garantizar la paz social del Estado.
Como es el caso del ex secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Jesús Alberto Capella Ibarra que no tuvo resultados positivos y, al final, fue separado de su cargo por su incompetencia.
Así como el fiscal general del Estado, Oscar Montes de Oca Rosales, señalado de traer personal foráneo con salarios muy superiores a los que gana el personal local, incluso, con más de 25 años de servicio.
Precisamente, dijo que desde hace unas semanas han promovido reformar los artículos 95 y 96 de la Constitución Política de Quintana Roo, relacionados con la residencia y confió en que la XVI Legislatura respaldará su petición durante el presente Período Ordinario de Sesiones.
De hecho, recordó que la semana pasada integrantes de la asociación tuvieron reunión de trabajo con una comisión especial, cuyos integrantes manifestaron que este martes será presentado ante el Pleno la propuesta, a fin de analizarla en comisiones.
Consideró que de aprobarse esta propuesta se evitará que en las próximas administraciones sean designados servidores públicos personas sin arraigo y sin el conocimiento de las características de la entidad.
