PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Claudia Romanillos Villanueva, exdirectora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública estatal (IPAE) e implicada en traspasos que beneficiaron a Julia Abdalá Lemus, pareja sentimental de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, continúa libre y sin afrontar diversas imputaciones surgidas desde hace ocho años, cuando se reveló el remate del patrimonio público de Quintana Roo a precios irrisorios, difundió este día en su portal Proceso
Aquellos actos de interés público generaron carpetas de investigación por los delitos de cohecho, peculado y uso ilícito de la función pública, entre otros. La principal imputación que se le hace a Romanillos es presuntamente utilizar el cargo para comercializar predios de gran valor a precios de remate, para favorecer a allegados políticos y familiares del exgobernador Roberto Borge Angulo, asegura el medio nacional.
Las denuncias fueron interpuestas por la administración del sucesor de Borge, Carlos Joaquín González, exgobernador de esta entidad y actual embajador de México en Canadá, fuentes de la FGEQRoo han filtrado al medio que hasta ahora no han podido detener a la exservidora pública.
Claudia Romanillos Villanueva fue titular del IPAE de abril de 2011 a septiembre de 2016, durante prácticamente todo el gobierno Roberto Borge Angulo, quien la llevó al cargo tras desempeñarse como su secretaria particular.
El organismo fue extinto por Carlos Joaquín González en 2017, luego de ser considerado como el mayor símbolo de la corrupción borgista.
Su lugar como dependencia pública del gobierno del estado de Quintana Roo lo pasó a ocupar la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro), cuya parte orgánica establece la administración de bienes de manera similar al funcionamiento del IPAE.
En 2016, previo a la conclusión del desastroso gobierno de Roberto Borge Angulo, actualmente preso en el estado de Morelos, Romanillos compareció ante la legislatura local.
En tal acto fue cuestionada por los diputados locales por la venta de terrenos sobre la costa a precios de 65 pesos el metro cuadrado, tal como ocurrió en Akumal, una comunidad turística de gran belleza en la Riviera Maya.
Tres años antes, en 2013, se había ejecutado la “compraventa” de un predio de 3.8 hectáreas a cero pesos a favor de Julia Abdalá, operación que Proceso dio a conocer en su reciente reportaje de portada titulado “A la sombra del Tren Maya, el paraíso secreto de los Bartlett”, donde también se explica cómo el hijo de Manuel Bartlett, León Manuel Bartlett Álvarez, adquirió predios en lugares exclusivos y estratégicos de la Riviera Maya.
Tras dejar la administración pública, el gobierno joaquinista inmediatamente presentó las denuncias en contra de ella y de diversos exservidores públicos involucrados en el desfalco del patrimonio público local.
El monto calculado por la venta de terrenos a precios muy por debajo de su costo real fue de alrededor de mil 500 millones de pesos; sin embargo, al paso de los años más irregularidades han salido a la luz pública, por lo que el daño al erario se ha visto incrementado.
Tras girarse órdenes de aprehensión, la exfuncionaria tramitó demandas de amparo para evitar ser detenida. Diversos juzgados federales recibieron sus escritos, por lo que logró suspensiones contra los actos que pudo haber ejecutado la Fiscalía local.
No obstante, en 2018, la representación social informó que quedaban sin efecto tales medios de protección, porque la funcionaria no pagó una garantía monetaria que le requirió el juez federal.
Inmediatamente el órgano procurador de justicia emitió fichas de búsqueda. Hasta ahora no se ha vuelto a informar sobre el estatus de los procesos ministeriales contra Romanillos, aunque la fuente consultada por este reportero refiere que las acciones penales contra ella no han prescrito.
Pero Claudia Romanillos ha promovido nuevamente varias demandas de amparo, principalmente en juzgados federales de Yucatán, donde de acuerdo con versiones de medios de comunicación locales, es donde se oculta.
En Quintana Roo, los juicios de garantías iniciados hace algunos años continúan vigentes y con ellos Romanillos busca evitar acciones no sólo de la Fiscalía, sino de diversas autoridades de índole administrativa, detalla Proceso.
Por ejemplo, apenas el pasado 1 de agosto tuvo actividad procesal el juicio de amparo indirecto del expediente 266/2020 promovido por Romanillos Villanueva en el Juzgado Primero de Distrito de Chetumal, contra una orden de aprehensión autorizada por el Poder Judicial de Quintana Roo, subaya el medio.
Sólo de este expediente, de acuerdo con la consulta realizada en estrados judiciales federales, se sabe que se le negó el amparo en 2020. Tras la promoción de una impugnación, el pasado 2 de mayo un Tribunal Colegiado de Circuito de Cancún ordenó reponer el procedimiento, por lo que el juicio de garantías lo reinició el Juzgado Primero de Distrito.
La nueva audiencia constitucional con la cual se decidirá si se le otorga el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra orden de captura, está programada para celebrarse el 15 de agosto próximo.
Después de esa fecha, en caso de que no sea postergada la audiencia, se sabrá algo más del destino legal que pende sobre una de los implicados en el incremento del patrimonio a favor de miembros de la familia de Manuel Bartlett, consignó Proceso.
