Poder y Crítica | Redacción | La capital quintanaorrense es referencia como la peor gobernada a nivel nacional por la morenista Yensunni Martínez Hernández, con ella Chetumal es sinónimo de violencia del crimen organizado y corrupción oficial, el abandono de la ciudad es repudio en las redes sociales, además, a los gobernados ya no les preocupa que su presidenta está ‘flaca, ojerosa, cansada y sin ilusiones’, sino lo que le sigue: fallecer de amor ante sus fracasos maritales y que no pague por el saqueo que realiza a las arcas de la comuna.
A Yensunni, recientemente la Auditoría Superior de la Federación le detectó múltiples irregularidades financieras en su gasto por más de 15.1 millones de pesos, a esto hay que sumarle los últimos hechos de de sangren con el macabro hallazgo de cinco cadáveres mutilados y con severas huelas de violencia en el paradero de Sacxán, en la Ribera del Río Hondo, noticia que la coloco a nivel nacional nuevamente.
Sin olvidar el enfrentamiento armado entre presuntos delincuentes con policías en la colonia Solidaridad de Chetumal, en aparente tentativa de secuestro, con saldo preliminar de un muerto y tres detenidos en plena confluencia de la avenida Erick Paolo Martínez con Nicolás Bravo.
El quebranto en las arcas de OPB destapó nuevamente la evidente corrupción cuando el órgano fiscalizador federal detectó que en el gasto de recursos, hubo inobservancia normativa, principalmente en adquisiciones, arrendamientos y servicios, para un quebranto financiero, en un primer caso, por 4.5 millones de pesos en tres contratos, pues no había ni huella de máquinas que supuestamente adquirió Yensunni Martínez.
En otra auditoria federal, se dictaminó probable daño, perjuicio o ambos por más de 10.6 millones de pesos, más rendimientos financieros desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria de participaciones federales a municipios, por no acreditar evidencia justificativa del gasto en fotografías aéreas, controles terrestres, aplicación de procesos fotogramétricos, digitalización de los predios y capacitación de personal.
Las voces al interior de la administración acusan que en este atraco no sólo lo encabezó la presidenta con el apoyo del ahora titular de la Auditoría Superior del Estado, como tesorero, sino también el oficial mayor, Javier Regalado Hendricks, este último ahora premiado como tesorero por la alcaldesa de Solidaridad, Estefanía Mercado.
También se acusa Martínez Hernández tiene muchas explicaciones que dar, debido a que entregó el número de licitación COP-LO-OPB-019-2024 presuntamente a un prestanombre; en dicho contrato aparece que el nombre de Eddy Antonio Carrillo, quien fue el contratista y fue identificado como un exempleado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuya categoría laboral en la institución era liniero de baja tensión (LV), por lo que no cuenta con la experiencia requerida para realizar obras públicas de este tipo, ya que los conocimientos requeridos están dirigidos a otra área.
Además, cabe destacar que el Ayuntamiento erogó $3,008,061.92 (Tres millones ocho mil sesenta y un pesos 91/100 M.N.) por la obra que duró del 11 de octubre al 9 de diciembre de 2024, es decir, fueron dos meses en que el proyecto estuvo vigente.
Otra irregularidad es el contrato con número COP-LO-OPB-020-2024, el cual señala que el Ayuntamiento ejerció la cantidad de 3 millones 481 mil 065.92 pesos por la construcción de una cancha de futbol en la comunidad de Jesús González Ortega; las obras iniciaron el 11 de noviembre del 2024 y finalizaron el día 9 de diciembre del mismo año; sin embargo, no existe evidencia de que algún recinto deportivo se haya construido.
