Poder y Crítica | Redacción | La XVIII Legislatura del Estado aprobó reformas a diversos ordenamientos locales para modernizar el marco legal de transparencia y protección de datos personales, que buscan facilitar el acceso a la información y mejorar la calidad de la gestión pública, garantizando en todo momento los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.
En la sesión ordinaria número 24, se aprobaron reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado; de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; y se expidió la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo; y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Quintana Roo.
Con estas reformas promovidas por la gobernadora Mara Lezama y aprobadas por la XVIII Legislatura, se busca la modernización de la estructura organizacional del Estado Constitucional de Derecho a efecto de optimizar los recursos públicos a través de una política de austeridad republicana.
También se armoniza la legislación local con el nuevo modelo federal, el cual permitirá optimizar y fortalecer la capacidad del Estado para tutelar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, sin que ello implique la duplicidad de funciones, la existencia de burocracias privilegiadas ni gastos excesivos de recursos públicos, por el contrario, se busca que estos derechos sean garantizados a través de instituciones públicas.
Con la reforma se crea un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Quintana Roo denominado Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo, el cual tendrá dentro del ámbito de la administración pública estatal, las mismas atribuciones que las demás autoridades garantes estatales y adicionalmente, conocerá y resolverá los recursos de revisión que se interpongan en contra de la falta de respuesta o de la respuesta que emitan los municipios y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, en materia de solicitudes de información y protección de datos personales en posesión de éstos sujetos obligados.
Además, se contempla una nueva Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado en la cual se homologan reglas, principios, bases, procedimientos y los mecanismos en el ejercicio de derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales.
En tribuna, el diputado Santiago Frías aseguró que se trata de una reforma que simplifica, hace más eficiente y más cercana la forma en que las y los ciudadanos pueden acceder a la información pública porque no se desaparece, se está transformando, “ya no se trata de abrir archivos sino de abrir el gobierno al soberano y el soberano es el pueblo de Quintana Roo”.
Mientras que la diputada Tepy Gutiérrez Valasis explicó que se busca ordenar y actualizar su funcionamiento para alinearlo con el nuevo marco federal, con una estructura moderna y coordinada que garantice el mismo derecho pero con mejores herramientas y una respuesta más eficiente para la ciudadanía.
En la misma sesión se aprobaron reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo, por las que se crea la Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad de Quintana Roo, como un organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
El objetivo de la Universidad es el de diseñar, ejecutar e impartir programas académicos que atiendan dos funciones principales; por un lado, la formación inicial continua y especializada de las personas integrantes de las instituciones de Seguridad Ciudadana, tanto estatales como municipales, así como de sus instituciones auxiliares y del personal de empresas de seguridad privada.
Y por otro lado, la oferta educativa dirigida a la población en general interesada en formarse en áreas estratégicas vinculadas con la prevención del delito, la cultura de la legalidad, la gobernanza y la paz social.
