PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | La ex presidenta municipal priista de Mérida Angélica Araujo Lara, quien busca regresar a la vida política a través de Movimiento Ciudadano y de la mano de Ivonne Ortega Pacheco, enarbola la bandera de defensora del pueblo, de los pobres y se opone a los desarrollos habitacionales que el gobierno del estado pretende construir en la reserva territorial de Ucú, un proyecto que ella misma planeó y que fue cancelado ante evidentes actos de corrupción; ahora los capitalinos le reviven su pasado de latrocinio con el cambio de más de 82,000 luminarias del alumbrado público realizado por la exalcaldesa en marzo de 2011.
El presunto fraude, que aún permanece impune, sería responsabilidad de las autoridades y de ABC Leasing, empresa titular del contrato de arrendamiento financiero de las lámparas, y del proveedor de éstas, WW Energy ST México, S.A. de C.V., que habría representado para Angélica Araujo, sus principales funcionarios y los empresarios que participaron en la operación una ganancia de por lo menos 8.2 millones de dólares de entonces.
Ambas compañías entregaron a la Comuna meridana, con anuencia de la entonces alcaldesa, luminarias chinas de inducción magnética de mala calidad y con un sobreprecio de 27% aproximadamente., segtún las denuncian en ese tiempo, Angélica Araujo no sólo aceptó este sobreprecio, sino que adquirió las lámparas mediante un sistema de arrendamiento financiero puro, 120% más caro que si la compra se hubiese hecho con un crédito bancario.
En enero de 2011 Angélica Araujo, convenció al Cabildo para cambiar las 82,000 lámparas de vapor de sodio del alumbrado público del municipio, que funcionaban bien, por otras de inducción magnética, supuestamente ahorradoras y con mayor capacidad de iluminación.
Con este cambio, decía la funcionaria, aumentaría el nivel de iluminación de la ciudad y bajaría el monto de las cuotas que se pagaban a la CFE por el consumo de electricidad. Nada de eso se cumplió, pero Angélica Araujo y sus cómplices se habrían embolsado decenas de millones de pesos en la operación.
El contrato de arrendamiento que el Ayuntamiento firmó con ABC Leasing comprendía la renta de 82,430 lámparas de la marca W-Energy-Lux. Fueron fabricadas totalmente en China e importadas y comercializadas en el país por Grupo W México Energía Verde, de Monterrey. De este total de lámparas, 53,063 eran de 60 watts; 13,035, de 80 watts; 8,959 de 40 y 6,933 de 120 watts.
En total, el precio de venta de 82,430 luminarias de inducción magnética puestas e instaladas en Mérida ascendería a $252.4 millones, considerando las ganancias del importador, $39 millones, aproximadamente, más el pago de impuestos. Si el Ayuntamiento hubiese prestado ese dinero con un crédito bancario a cinco años a una tasa promedio de 9%, el costo financiero del cambio de luminarias sería de $67.9 millones. El costo total del proyecto habría sido de $320.3 millones, $148.5 millones menos que la cantidad entregada por la Comuna a ABC Leasing. Por unidad, el precio hubiese sido de $3,885 por lámpara. El caso aún sigue impune
Con esa pequeña muestra de corrupción durante su administración, ahora la ex senadora está en contra del anunció del gobernador Joaquín Díaz Mena sobre los proyectos en la reserva territorial de Ucú, se construirán viviendas a costos accesibles para los más necesitados de Yucatán.
El plan maestro de Ucú, para construir viviendas fue diseñado por Angélica Araujo cuando era directora del Instituto de Vivienda de Yucatán, durante el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, pero no se pudo concretar por los permisos federales y la oposición popular ante un negocio redondo que planeaban ambas funcionarias.
En el 2012, con la llegada de Rolando Zapata Bello, el mandatario priísta abandonó el proyecto ante las protestas, lo que significó echar bajo tierra un millonario negocio de la ex gobernadora Ivonne Ortega, Angélica Araujo y de allegados, quienes habían adquirido grandes extensiones de tierras en esa zona.
Joaquín Díaz Mena, como opositor denunció que el proyecto beneficiaba a un puñado de empresarios y políticos, por lo que se canceló definitivamente la edificación de miles de viviendas y el desarrollo de la zona industrial de Hunucmá.
Actualmente, los precios del metro cuadrado en la ciudad se han disparado por lo que el gobierno del estado pretende contrarrestar la especulación inmobiliaria con la construcción de viviendas dignas y a costos accesibles.
En aquellos años priistas adquirieron grandes extensiones de tierras a razón de 6 y 8 pesos el metro cuadrado Mauricio Sahuí Rivero, delegado actual del Infonavit en Yucatán; Pedro Espadas Cervantes, esposo de Angélica Araujo Lara y compadre de Ivonne Ortega y la ex gobernadora Ivonne Ortega.
Ahora ellos están peleando al actual gobierno permisos para construirán plazas comerciales, centros de diversión y supermercados, situación que Huacho Mena no esta dispuesto a ceder.
La compra de tierras ejidales de Ucú fue un proyecto diseñado por el diputado federal Felipe Enríquez Hernández, para financiar las campañas del PRI de 2010 y 2012 e implementado por la candidata del PRI al gobierno de Mérida, Angélica Araujo Lara, con la complicidad y anuencia de Ivonne Ortega Pacheco.
Senadores y diputados federales y estatales del PAN, denunciaron formalmente a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y a aquellos que resultaran responsables —entre los que se encontraría Angélica Araujo Lara— por actos de prestación indebida o abandono de un servicio público y por peculado, al utilizar indebidamente fondos públicos, que pertenecen a todos los ciudadanos.
Angélica Araujo Lara, fue la responsable de realizar el «Gran Proyecto de Ucú». Durante su gestión al frente del Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) se coordinó con el consejero jurídico del gobierno del Estado, Sergio Cuevas González, para imponer a un asesor jurídico, Luis Fernando Pérez Escalante, al grupo de ejidatarios y despojarlos, a ellos, de sus tierras por un mísera cantidad de dinero en comparación con las utilidades planeadas a recibir.
Entre los hechos de la denuncia está el de contratar un crédito de $360 millones para la compra de las tierras. Sin embargo, según una nota publicada en el Diario de Yucatán del 30 de abril de 2010, los campesinos aseguran que sólo recibieron un total de $293.2 millones, se robaron 50 millones de pesos.
En la denuncia presentada en su momento por los legisladores federales, se hizo hincapié en la participación directa de Angélica Araujo en la elaboración y ejecución del «Gran Proyecto de Ucú», siendo ella la directora del IVEY durante el tiempo desde que se creó hasta su solicitud de licencia para competir por una diputación federal.
La pareja sentimental de Angélica Araujo, Pedro Espadas Cervantes, habría sido el principal beneficiario de haberse concretarse el «Gran Proyecto de Ucú». Durante el periodo que fue directora del IVEY, se realizaron tráfico de influencias hacia los socios de Pedro Espadas, a quienes les vendieron 165 hectáreas en las cercanías de Caucel y fueron regularizadas por el IVEY.
Cuando Angélica Araujo solicitó licencia como funcionaria estatal para poder competir por la diputación federal por el tercer distrito, quedó en su lugar el que fungía como director de administración del IVEY, Antonio Humberto Gómez Mendoza, socio de Pedro Espadas en la Constructora Imperial.
Dos pequeñas muestra de corrupción de Angélica Araujo que quiere regresar en un gran frente opositor a la Cuarta Transformación con el respaldo de la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y Movimiento Ciudadano.
