Mérida, Yuc., 14 julio, poder&critica.– La represión del gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, llegó hasta Amnistía Internacional (AI). El uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) contra habitantes de la comisaría meridana de Chablekal, para intentar desalojar a un anciano de 95 años de su hogar, apareció en el informe Falsas sospechas: detenciones arbitrarias en México, de AI, dio a conocer en un comunicado Grupo Indignación.
El gobierno de Zapata Bello ha olvidado ese caso, al igual que la Fiscalía General del Estado. Amnistía Internacional recuerda que se presentaron denuncias contra los policías, “pero hasta ahora no ha habido ningún avance de la investigación que debió haberse realizado”, indica el documento.
En el informe mencionado, Amnistía Internacional repasa los hechos de Chablekal, refiriendo la actuación de los policías:
“Ese día los policías arrestaron, golpearon y amedrentaron a varias personas. Entraron a la iglesia y a varias casas sin contar con una orden judicial, entre ellas, a la casa de la familia Euan, que no tenía relación alguna con el proceso de desalojo.
“Allí destruyeron muebles y otros objetos; lanzaron gases lacrimógenos en el jardín e incluso dentro de la casa; amenazaron a las personas que estaban ahí; golpearon y arrestaron a Pedro Euan Flores e hirieron a uno de sus hijos, quien se recuperaba de una lesión y estaba en muletas.
“Pedro Antonio Euan, su padre, un trabajador de la casa y otros pobladores fueron detenidos arbitrariamente. Tras su arresto, no les explicaron qué pasaba o por qué los detenían, y los llevaron en patrullas a la ciudad de Mérida.
“Ahí estuvieron detenidos sin recibir atención médica por dos días hasta que sus abogados consiguieron su libertad. Durante los hechos, la policía obstaculizó el trabajo de documentación de la organización de derechos humanos Indignación, y arrestó momentáneamente a dos de sus integrantes”.
Tortura municipal
El informe incluye dos casos de tortura policiaca, uno de ellos contra un menor de edad, ocurrido en el municipio de Chemax, del cual se extracta lo siguiente:
“José Adrián, un niño maya de 14 años, quien tiene una discapacidad que le impide escuchar adecuadamente, salió de la escuela secundaria y caminó de regreso a casa el 25 de febrero de 2016 en X-Can, su pequeña comunidad en la parte más oriental del estado de Yucatán.
“Ese día hubo una riña entre algunos jóvenes y un auto patrulla resultó apedreado. El hermano de José Adrián se dio cuenta de lo que había ocurrido y fue a buscarlo para asegurarse de que regresara a salvo a casa, pero José Adrián ya había sido arrestado por policías municipales, que lo detuvieron en la calle, acusándolo de haber dañado la patrulla, pese a que él no estaba allí cuando sucedieron los hechos.
“José Adrián fue el único detenido. Cuando los policías lo arrestaron, no le explicaron qué estaba pasando ni por qué lo detenían, tampoco llamaron inmediatamente a su familia. En cambio, lo golpearon, lo arrojaron contra la patrulla y le pisaron fuertemente el cuello; le quitaron los zapatos, la camisa y lo esposaron.
“En esas condiciones fue subido a una patrulla y llevado a la cercana población de Chemax. Al llegar ahí, lo colgaron por las esposas en la parte alta de una pared y fue golpeado y amenazado para que se incriminara. Lo amenazaron diciéndole que pasaría muchos años allí”.
“La familia interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y ante la Fiscalía del Estado, pero hasta ahora no hay avances en la investigación y nadie ha sido sancionado”.
Grupo Indignación recuerda que el caso de Chemax no es el único, ya que en Tekax se divulgó un video de la tortura perpetrada por agentes municipales, y otro en Temax, en el que señalan la muerte de un joven en su celda, quien habría afirmado a familiares “no voy a sobrevivir. Con esto que me hicieron me voy a morir”.
Diagnóstico de AI
Amnistía Internacional señala que, sobre México, “el uso de la fuerza no está claramente reglamentado en el país, muchas corporaciones carecen de normas específicas sobre la materia y, cuando existen, suelen ser en forma de reglamentos o protocolos pese a que es fundamental que la facultad de uso de la fuerza y las circunstancias en que puede ser empleada sean establecidas a nivel de una ley y que la misma cumpla con los estándares internacionales.
“Falsas sospechas: Detenciones Arbitrarias en México demuestra la manera en que la policía de todo México detiene arbitrariamente de forma rutinaria a personas para extorsionarlas”, señala el organismo internacional.
“Además, los agentes a menudo colocan pruebas falsas en un intento de demostrar que están haciendo algo para abordar la delincuencia, o de castigar a personas por su activismo de derechos humanos. El informe se basa en entrevistas confidenciales con agentes de policía y miembros del sistema de justicia”, añade.
“El sistema de justicia de México es totalmente inadecuado para su propósito y, por tanto, está fallando masivamente a la población”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
