Quintana Roo, 06 julio, poder&crítica.- En la ruta del dinero que el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo tejió, desvió, quebrantó, malversó y despojó en esa entidad, se suman al menos 25 cómplices, desde familiares y amigos, hasta jueces, servidores públicos y empresarios, nacionales y extranjeros.
Miguel Ángel Pech Cen, fiscal de Justicia, precisó que se cuenta con 17 denuncias formales contra ex funcionarios públicos de su administración, entre ellos servidores de los municipios de Solidaridad (Playa del Carmen), Isla Mujeres y de Benito Juárez (Cancún), así como ex titulares de diferentes dependencias estatales, algunos de los cuales ya están bajo proceso.
La Fiscalía ha iniciado carpetas de investigación sobre las mencionadas denuncias, empero, también se cuenta con empresarios que actuaron como enlace o prestanombres de los negocios del ex gobernador, actualmente detenido en Panamá, entre ellos: Édgar Manuel Méndez Montoya; Santiago Samuel Jiménez Moreno, director de la empresa Corpogas; José Guillermo Martínez Cárdenas y Lorenzo Sánchez Hidalgo, ambos empresarios madrileños; y José Luis Cárdenas Bazán.
Cuatro denuncias se turnaron a la Procuraduría General de la República y dos más a la Fiscalía estatal en contra del ex mandatario por delitos como la “venta ilegal de bienes públicos, sobre todo en los terrenos que son reserva territorial, vendidas de manera totalmente ilícita a precios muy bajos”, dijo en su oportunidad el actual ejecutivo quintanarroense, Carlos Joaquín González.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y la Fiscalía General de Quintana Roo, indagan a Mauricio Góngora Escalante, ex candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura del estado, por recibir 201 millones de pesos del erario para su campaña electoral, conforme a denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Otro probable involucrado en este caso es el ex subsecretario Técnico Hacendario, Eliezer Villanueva Lanz.
CASO POR CASO
La ruta del agravio a las finanzas públicas de Quintana Roo, por parte de Borge Angulo inicia con el Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE), con la venta irregular y a ínfimos precios -entre el uno y seis por ciento del valor comercial real de nueve mil 500 hectáreas de reserva territorial (equivalentes a seis veces la totalidad de la Zona Hotelera de Cancún), a precio de remate por 44 predios.
Esto significó un quebranto a la Cuenta Pública estatal estimado en mil 99 millones 492 mil 370 pesos.
Otros desvíos de recursos públicos son por 55 mdp de apoyos al campo y falsas compras de maquinaria agrícola; otro más por 550 mdp que debieron destinarse a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) a gasto corriente y, otro por mil 50 mdp también destinados a CAPA pero que se usaron en otros gastos.
El siguiente paso de la ruta es la Naviera Barcos Caribe, de la cual los principales accionistas y prestanombres de Roberto Borge son la secretaria de su padre, María de Lourdes Pinelo Nieto, y el abogado de la familia, César Celso González Hermosillo y Melgarejo. El total, por lavado de dinero estimado por este tema es de cuatro millones 500 mil dólares más otros 14 millones 290 mil dólares australianos, simularon juicios laborales para despojar a legítimos dueños de 44 hoteles y 19 predios en Tulum, Cancún y Playa del Carmen.
Los cómplices del ex mandatario son el ex secretario del Trabajo, Patricio de la Peña; el ex subsecretario del Trabajo, Enrique de la Cruz Pineda; el presidente de la Junta Especial número 2 de Conciliación y Arbitraje, Alexis Zavala Ávila; el Juez Primero Civil de Playa del Carmen, Gustavo Efraín Chan Caamal; el ex director del Registro Público de la Propiedad, Carlos Lima Carvajal; y la actuaria María Elena Anaya Reyes.
En la Comisión para la Juventud y el Deporte, su ex titular Martín Cobos, está acusado de “desaparecer” 72 millones 600 mil pesos, con destino inexplicable.
El Auditorio del Bienestar no se inauguró, aunque se ejercieron 244.7 millones de pesos, con el argumento de carecer de Manifestación de Impacto Ambiental, entre otras irregularidades. En este caso se involucra al ex secretario de Infraestructura (Sintra), Fernando Escamilla Carrillo; así como dos ex subsecretarios de ese organismo, Ariel Federico Meeser y Andrés Canul.
Y también a los trabajadores del gobierno del estado estafaron Borge y sus amigos, pues se apropiaron de las aportaciones de nómina para pagos de créditos a empresas privadas.
Luis Echeverría Esquivel, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Quintana Roo (Siteqroo), denunció la desaparición de más de 500 millones de pesos correspondientes al pago de créditos financieros.
El líder del Siteqroo dijo que “se trata obviamente de un fraude, con la venta por ejemplo de vehículos a los maestros y su pago vía nómina, donde el Siteqroo no suscribió ningún convenio con la Secretaría de Educación y Cultura, y la empresa Abaco Etesa, que demandó la liquidación del costo de las unidades”. También la actual titular de la SEyC, Marisol Alamilla, señaló que al menos 11 mil maestros tienen pagos vencidos con más de 15 compañías que les dieron créditos.
