Chetumal, Q. Roo, 27 junio, poder&crítica.- Rechazaron las solicitudes de amparo por el Juzgado Primero de Distrito a ex funcionarios del gobierno de Roberto Borge. A los Borgistas se les acaba la protección.
En la sede del Poder Judicial Federal en Chetumal, en el área de notificaciones de edictos, fueron dadas las resoluciones donde se negaron absolutamente todas las solicitudes de amparo a los Borgistas.
Juan Pablo Guillermo Molina ex secretario de Sefiplan contaba con una audiencia judicial para analizar su solicitud de amparo, pero no se presentó a la misma y tampoco envió una declaración por escrito.
Con lo anterior, se le notificó a través de los estrados, ya que no fue localizado en su domicilio, por lo que se da por hecho que se encuentra a la fuga de la justicia y lejos de tierras quintanarroenses.
Eliezer Villanueva Lanz uno de los principales operadores financieros de Roberto Borge Angulo, ex subsecretario técnico hacendario, se dice que se encuentra prófugo en Líbano, de donde proviene su esposa.
Villanueva es acusado de corrupción, al sobornar a los entonces proveedores del Gobierno del Estado, para realizar dictámenes favorables que les adjudicaran contratos beneficiosos.
Este presupuesto era canalizado a la estructura electoral del PRI, donde Villanueva Lanz también se encargaba de distribuir los pagos a los líderes y lideresas de las colonias.
Por si fuera poco, se le acusa de desviar fondos que beneficiaron la campaña de Mauricio Góngora Escalante, candidato a la gobernatura del Estado y ex presidente municipal de Solidaridad.
La situación anterior fue denunciada por la actual administración, encabezada por la presidenta municipal, Cristina Torres; y se encuentra en investigación dentro de la Fepade.
Juan Lorenzo Ortegón Pacheco ex secretario de Salud, fue denunciado por incurrir en delitos electorales, ya que ordenó a los trabajadores de su dependencia que votaran por Góngora Escalante.
La denuncia del ’Mapache’ se formalizó ante la Fepade; ya que también se destapó que se le exigió a los funcionarios una “donación” de cuotas quincenales.
De 2 mil 500 pesos (a los secretarios), 2 mil pesos (a los subsecretarios), mil pesos (a los directores de área), 500 pesos (a los jefes de departamento), 300 pesos (a los jefes de oficina) y 100 pesos a los empleados de base y honorarios.
Estas cuotas fueron canalizadas para la campaña de Góngora, en un flagrante delito electoral con una red de financiamiento construida con recursos públicos.
Claudia Romanillos Villanueva ex titular del Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE) durante la era Borge, fue denunciada por delitos contra los bienes del patrimonio estatal.
Entre sus tranzas se encuentran autorizaciones y el desconocimiento de sus propias funciones en el IPAE, cuando se remataron ilegalmente algunos predios públicos a familiares y amigos de Roberto Borge.
Algunos prestanombres de Borge con negocios sucios que han salido al sol y son investigados, son: Samuel Aguilar Ibarra, Omar Homero Tijerina Herrera, Juan González Angulo y Samuel Jiménez Moreno (su solicitud de amparo se encuentra en revisión).
Así como Eduardo Espinosa Abuxapqui (ex presidente municipal de Othón P. Blanco), Jorge Enrique Nahim Aguilar Cheluja (ex secretario general de Othón P. Blanco) y Claudia Maricela Granados Méndez (secretaria de Obras Públicas de Othón P. Blanco).
Los últimos tres personajes han solicitado amparo y se encuentran en revisión, debido a que están involucrados en una demanda penal por el desvío de más de 360 millones de pesos.
