Venezuela, 17 junio; poderycritica.-El distanciamiento entre el gobierno venezolano y la fiscal general Luisa Ortega, quien acudió a la justicia en un intento por detener la Asamblea Constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro para reformar la Carta Magna, marcó la semana en Venezuela.
Las protestas contra el gobierno que comenzaron el pasado 4 de abril sumaron en tanto 71 muertos, con cuatro decesos esta semana, entre ellas la de un universitario del estado occidental de Zulia, arrollado por un camión que trató de evitar el bloqueo.
Durante la semana, la oposición ensayó con plantones en vías transitadas, movilizaciones de diputados en el Metro de Caracas y asamblea populares para repudiar la Constituyente, que consideran un mecanismo “ilegal” para perpetuar a Maduro en el poder.
El mandatario, quien condecoró a varios soldados heridos durante las protestas, reiteró que “llueva, truene o relampaguee”, la Constituyente avanzará y sus 545 miembros serán elegidos en comicios fijados para el 30 de julio.
El presidente entregó un reconocimiento a varios soldados de la Guardia Nacional (policía militarizada) que han enfrentado las protestas y cuyo desempeño ha sido denunciado por diversos organismos por violar los derechos humanos.
Maduro advirtió que irán a la cárcel los dirigentes que han promovido las manifestaciones, y los acusó de utilizar a menores de edad como punta de lanza contra las autoridades y pagarles con drogas.
Las protestas comenzaron en abril, después de que la mayoría opositora en la Asamblea Nacional acusara al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de dar un golpe de Estado con dos sentencias que la despojaron de atribuciones, aunque después las anularon, y luego contra la Asamblea Constituyente.
En tanto, la fiscal Ortega profundizó su distanciamiento con el gobierno al presentar varios recursos legales contra los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ y la Constituyente.
La fiscal introdujo en el TSJ una solicitud de antejuicio de méritos contra los seis magistrados de la Sala Constitucional, al considerar que violaron el orden constitucional al emitir varias sentencias que reducían las competencias de la Asamblea Nacional (Congreso) y denegaban el acceso a la Justicia.
El viernes, la Sala Plena del TSJ rechazó la solicitud contra los seis magistrados principales y dos suplentes de la Sala Constitucional.
La fiscal presentó otro recurso legal contra la Constituyente, pidiendo al TSJ declarar nulos los decretos de convocatoria y las bases electorales para la elección de sus miembros.
Otro recurso de la fiscal contra 13 magistrados principales y 20 suplentes del TSJ por su presunta designación irregular en diciembre de 2015 fue igualmente rechazado. La oposición dijo que los llamados jueces “exprés” fueron nombrados para obstaculizar a la mayoría opositora que asumió en enero de 2016.
Esta semana, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Tibisay Lucena, anunció el cronograma para los comicios de gobernadores, fijados para el 10 de diciembre, lo que no cambió la actitud de rechazo de la oposición, que alega que la Constituyente, de instalarse y de tener carácter plenipotenciario, podría suspender las elecciones futuras.
