CDMX, 15 mayo, poderycrítica.- La apropiación irregular de tierras de alta plusvalía e interés comercial durante la administración de Roberto Borge impactó a siete de los 11 municipios de Quintana Roo. El municipio de Solidaridad, donde se ubican Playa del Carmen y Puerto Aventuras, perdió el 52% de su reserva territorial, a consecuencia la operación de despojo que la red de funcionarios, empresarios y políticos, junto con sus familiares.
De acuerdo con el portal Eje Central, el municipio más afectado fue Puerto Morelos, que perdió el 60% de su territorio. Benito Juárez (Cancún) sufrió el 36% de pérdida territorial; Cozumel el 23%; Tulum el 20% y Felipe Carrillo Puerto el 10 por ciento.
El empresario poblano Enrique Hernández es una pieza fundamental en esta trama, pues a través de él se constituyeron empresas cuya actividad principal se concentró en los sectores inmobiliario y desarrollador de vivienda social y de lujo.
La operación se consuma de la siguiente forma: autoridades en Quintana Roo les otorgaron las facilidades no sólo para localizar, sino para legalizar y acreditar los títulos de propiedad, así como permisos ambientales. Luego de las asambleas, se compran acciones o se venden los derechos de títulos de propiedad, de los cuales se simula su alta en el Registro Público de la Propiedad del estado, por lo tanto, no aparecen formalmente; es decir, las instituciones sellan la documentación necesaria para que las escrituras tengan valor institucional sin estar registradas.
Durante por lo menos los últimos tres sexenios, señalan los documentos obtenidos por Eje Central, funcionarios del Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización (Inforvir), del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE), Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda estatal y el Registro Público de la Propiedad de cada municipio han participado en este esquema de apropiación de predios.
Por ejemplo, se muestra cómo la mayoría de los títulos de propiedad fueron otorgados por Claudia Romanillos Villanueva, directora del Instituto del Patrimonio Estatal de Quintana Roo en el sexenio de Roberto Borge, y su antecesora, Gina Patricia Ortiz, durante el sexenio de Félix González Canto.
Los involucrados
También aparecen Santy Montemayor Castillo, actual diputada federal del Partido Verde Ecologista de México por el distrito III de Quintana Roo, y exdirectora del Instituto Municipal de Planeación del municipio de Benito Juárez; además de Sandra Mireya Bello Gutiérrez, nombrada delegada del IPAE en la isla de Cozumel por el gobernador Roberto Borge, el 16 de mayo de 2011.
Durante el gobierno de Borge, Claudia Romanillos fue la funcionaria más cercana al exgobernador dentro de la Tesorería General del estado y también en la Oficialía Mayor. En su gestión al frente del IPAE vendió, de acuerdo a documentos que forman parte de las pesquisas, las reservas territoriales en los siete municipios.
En todas las operaciones de trasferencia de propiedad, sostiene un informe, medió la autorización de Mauricio Rodríguez Marrufo, actual secretario del ayuntamiento de Benito Juárez, quien fue titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de Quintana Roo durante el sexenio de Borge.
Traiciones en el paraíso
Parte del entramado de esta red se ha logrado conocer gracias a que sus propios integrantes comenzaron a pelearse entre ellos, a través de juicios que han evidenciado las operaciones que les permitieron comprar predios casi a precio de remate y revenderlos a precios millonarios.
Entre finales de 2006 y hasta 2008, los socios de Comercializadora Ronac, una de las empresas con más actividad para la compra presuntamente fraudulenta de terrenos a precios subsidiados, bajo el amparo de los gobiernos estatales y municipales, se enfrentaron en un juicio por el manejo de la sociedad anónima.
De acuerdo el expediente del citado litigio, el pleito comenzó en octubre de 2006, con una denuncia por fraude que alegó Rafael Eduardo Comparán de León, entonces socio con 25% de las acciones de Comercializadora Ronac, en contra de sus socios Rodolfo Rosas Moya y Raúl Rubén Xacur Gómez, este último el accionista mayoritario de la empresa.
En la averiguación previa 3021/35ª/2006 también quedó asentada una denuncia por “la venta de bienes inmuebles propiedad de la empresa haciendo parecer en los contratos de compraventa montos muy por debajo del valor real de las operaciones”, esos montos, acusaba Comparán de León, eran depositados en cuentas personales de Rosas Moya y de Xacur Gómez, bajo el mismo modus operandi que aplicaban para apropiarse de terrenos estatales y municipales. Se refiere a una serie de terrenos valuados en casi 100 millones de dólares.
Club de complicidades
En esa operación los empresarios contaron con la aparente complicidad del presidente municipal de Solidaridad, Gabriel Mendicuti Loria, de Joaquín Hendricks y Garibay Osorio. El fraude consistió en comprar al municipio casi 600 hectáreas a un costo subsidiado de 11 pesos por metro cuadrado, a sabiendas de que Comercializadora Ronac ya contaba con un comprador privado que pagaría cinco mil pesos por cada metro cuadrado de esos mismos terrenos.
La denuncia fue desechada por el director de Averiguaciones Previas, Friedman Jesús Peniche Rivero, quien consideró que los socios no habían incurrido en algún delito, pero se pidió la revisión del caso.
