Chetumal, Q. Roo, 03 mayo, poderycrítica.- Carlos Alejandro Lima Carvajal mantendrá su investidura como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en tanto se resuelve el juicio de amparo que promovió contra el procedimiento de destitución iniciado en su contra.
El pasado 27 de abril, el Juzgado Quinto de Distrito, con sede en Cancún, concedió la suspensión definitiva a efecto de que el Poder Legislativo se abstenga de dictar una resolución respecto al proceso jurisdiccional que le sigue al magistrado por violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La determinación del Juzgado derivó del Incidente de Suspensión 483/2017-A-1 promovido en su oportunidad por el magistrado, el cual finalmente fue resuelto, resultando a favor de Lima Carvajal.
Sin embargo, de acuerdo con la legislación vigente, la suspensión definitiva únicamente detiene la ejecución del acto reclamado y no implica el otorgamiento del amparo.
En marzo pasado, Lima Carvajal promovió el amparo 483/2017 en donde argumentó violaciones a sus derechos constitucionales porque dos de sus compañeras magistradas también incurrieron en la misma falta, pero a ellas se les aplicó una sanción menor.
Será a finales de este mes de mayo, cuando el Juzgado Quinto de Distrito realice la audiencia constitucional donde determinará si concede la razón o no al magistrado, sobre la inconstitucionalidad del procedimiento instaurado en su contra, que empezó en el Consejo de la Judicatura.
Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso Local, confirmó que la suspensión es únicamente para la última etapa, que refiere a la votación en el pleno.
“La Comisión Jurisdiccional ya hizo su resolutivo y estamos en espera de la resolución del amparo para poder atenderlo en el pleno”, señaló el diputado local.
Carlos Lima Carvajal, junto con las magistradas Adriana Cárdenas Aguilar y Mariana Dávila Goerner fueron denunciados por no presentar dentro del plazo legal su declaración patrimonial inicial.
Las dos recibieron una amonestación privada, mientras que al magistrado se determinó el cese de los efectos de su nombramiento, por lo que el caso fue turnado al Congreso Local.
