México, 01 de octubre; poderycritica. (Notimex).- El contralor general del Gobierno del Distrito Federal, Hiram Almeida, pidió a los asambleístas legislar sobre bases técnicas para impedir errores de diseño y administración en obras de gran impacto, como la Línea 12 del Metro.
Sin precisar responsabilidades personales, informó que sobre la Línea 12 del Metro se han hecho 11 auditorías e investigaciones que abarcan la etapa de mantenimiento, para acreditar en su momento las responsabilidades penales y administrativas a que haya lugar.
Ofreció entregar a los legisladores los resultados de todas las auditorías e investigaciones para que sirvan de base a la nueva legislación, al menos desde el punto de vista técnico, pues se da por descontado que la honestidad y la prevalencia de la legalidad se mantienen.
El funcionario atribuyó a la envergadura y complejidad de la Línea 12 la suma de fallas que obligaron a cerrarla parcialmente, con el fin de preservar la seguridad de los usuarios y permitir las obras de rehabilitación.
En lo que fue la última comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en el actual periodo de sesiones, Almeida Estrada señaló que hay más investigaciones en curso.
Detalló que están pendientes los resultados de 11 investigaciones y la revisión de los contratos de mantenimiento de trenes por la actual administración, por lo que seguramente habrá más sanciones para funcionarios y ex funcionarios.
Entre las investigaciones abiertas, están las que presentaron el director general del Proyecto Metro, la Auditoria Superior de la Federación, la contraloría interna de la Secretaría de Obras y Servicios, la del diputado Héctor Saúl Téllez, la de seis diputados federales contra el director del Metro, Joel Ortega, y la de la propia Contraloría Interna del Metro.
El contralor capitalino dijo que continúa la revisión del consorcio constructor de la obra civil de la Línea 12 y de la empresa española CAF que rentó los trenes y, justamente para respetar el resultado de este trabajo, se negó a adelantar probables responsabilidades personales.
Aunque el tema del Metro acaparó la atención de la comparecencia, también fue cuestionado por diputados de los diferentes partidos sobre otros temas, como las violaciones del uso de suelo y las denuncias de corrupción en la Oficialía Mayor del gobierno local.
Al respecto, adelantó que se contrató a una empresa especializada y se pidió a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que efectúe los peritajes de las grabaciones en las que se consigna la compra de llantas para la administración pública a precios “inflados”, tema en el que se implica al oficial mayor.
En su informe, que abarca los últimos 12 meses, dijo que la contraloría a su cargo realizó 350 auditorías, hubo aumento de 41 por ciento, se sancionó a dos mil 36 servidores públicos y se suspendió a otros 914.
Destacó la recuperación de 119 millones de pesos y el cobro de penas convencionales por otros 142 millones de pesos a proveedores incumplidos en beneficio del erario público.
