Cancún, MX, 30 marzo,poderycritica.- El actuario de la Junta Especial Número 2 de Conciliación y Arbitraje con sede en la ciudad de Cancún, realizó formal diligencia en apego a orden de Juez Federal, por lo que se procedió a dar posesión legal de forma pacífica a los legítimos propietarios de los 4 departamentos ubicados en condominios Maioris Tower, en la zona residencial.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Quintana Roo informó que impartiendo estricta justicia laboral se restituyó a sus legítimos dueños los bienes inmuebles que fueron embargados a Maioris Cancún, restituyéndose así los daños causados por el Gobierno anterior.
El año pasado, el grupo inmobiliario español tuvo conocimiento de que enfrentaba un juicio laboral, promovido desde 2010 por cuatro supuestos trabajadores de la compañía, luego de ser despojados de los inmuebles.
Estos bienes identificados con los números 80-P4A-S, 92-P16-A-S, 08-P7-A-N y 25-P4-B-N fueron embargados en el juicio laboral 392/2010.
En respuesta promovieron un amparo, que fue resuelto en días pasados a su favor. Derivado de ello el juzgado Tercero ordenó la restitución de la posesión a favor suyo e instruyó a la Junta de Conciliación que, en un plazo de tres días, ejecutase la diligencia.
Estos actos fueron legalizados por funcionarios cercanos a Borge. Uno de ellos fue Carlos Lima, ex director del Registro Público y del Comercio (RPyC), a quien la anterior legislatura nombró magistrado a propuesta directa del gobernador Borge.
Otros funcionarios implicados: el ex secretario del Trabajo, Patricio de la Peña; el subsecretario del Trabajo en la zona norte, Enrique de la Cruz Pineda; y el presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, Alexis Zavala Ávila.
El penthouse 18, por ejemplo, es propiedad de Federico Fichtl Unger y Ulrika Fichtl Merino, que es regidora por el Partido Verde(PVEM) en el municipio de Benito Juárez , Cancún. La funcionaria local compró el inmueble el 2 de octubre de 2015 en 7 millones 500 mil pesos, según datos obtenidos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. El verdadero precio de la propiedad es de 10 millones 420 mil pesos.
Entre los dueños de estos inmuebles también se encuentran: la que fue directora de Relaciones Públicas del ayuntamiento de Cancún, Lydia Esther Portilla Manica; Filiberto Javier de la Garza Santos, hermano del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza; Gerardo José Rejón y Ruiz de Velasco, líder empresarial priista y socio de la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco; y el ex funcionario municipal de Cancún, Aldo Francisco Reséndiz Martínez, y su hijo Aldo Francisco Reséndiz Ruiz.
La empresa Maioris denunció la venta irregular de al menos 19 departamentos. “Consideramos que todos estos actos ilegales fueron llevados a cabo por la notario 22 y con la participación importante del Registro Público y de la Secretaría de Gobierno del estado de Quintana Roo, ya que ellos eran los responsables de supervisar este notario”, dijo en su momento Francisco Siman, abogado de Maioris
