MEXICO, 11 Enero;poderycritica.-El senador Luis Miguel Barbosa aclaró que las comisiones ordinarias y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados determinarán el proceso legislativo para analizar y dictaminar las iniciativas en materia de política interior.
El perredista presentó ante el pleno de la Comisión Permanente una iniciativa para regular la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad pública bajo un esquema que garantice la protección de los derechos humanos y especifique la excepcionalidad de las situaciones en las que será permitida su actuación temporal.
Al hacer uso de la tribuna, Barbosa Huerta señaló que en el Senado de la República tomarán las decisiones cuando ese dictamen haya sido avalado en la Cámara de Diputados. Sin embargo confió en que con el trabajo que se haga en conferencia, entre el Senado y San Lázaro, se tenga un producto legislativo que es muy valioso por tratarse de un tema tan importante para el país.
Por ello recomendó cuidar el procedimiento legislativo que se acuerde entre las cámaras que integran el Congreso de la Unión y que han propuesto trabajar en conferencia, para legislar en seguridad interior.
La iniciativa de Barbosa se turnó a las comisiones unidas de Seguridad Pública, de Gobernación, Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos Segunda, del Senado de la República, y de Gobernación y de Seguridad Pública para dictamen, y Presupuesto y Cuenta Pública para opinión de la Cámara de Diputados.
En su propuesta el también coordinador de los senadores perredistas consideró que el Estado debe contar con el andamiaje institucional y normativo que le permita enfrentar y solucionar en condiciones de normalidad las amenazas que afecten a la sociedad.
Asimismo, para cuidar la integridad y el patrimonio de las personas, procurar la preservación colectiva de los derechos humanos y la funcionalidad de las instituciones. “Sin embargo, cuando la amenaza sea de mayor intensidad, gravedad o amplitud –ya sea porque la misma se prolongue en el tiempo o abarque a sectores amplios de la población- será necesaria la implementación de medidas no sólo por los cuerpos civiles de seguridad, sino de manera excepcional por las Fuerzas Armadas”, apuntó.
Propuso que el Ejército y la Marina vuelvan a los cuarteles en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Seguridad Pública, siempre que esté comprobado que los cuerpos policiacos cuentan con la fuerza para encargarse de la seguridad pública a través de una evaluación del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. “En caso de que la corporación policiaca en cuestión, después de la evaluación respectiva, no cuente aún con las capacidades requeridas, el Secretario Ejecutivo gestionará la aplicación del mecanismo de intervención de la policía municipal o estatal que corresponda en los términos de ley general respectiva”, detalla.
El senador poblano planteó en la iniciativa que el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tenga a su cargo procedimientos para garantizar la eficacia de las funciones policiales.
Éstas aumentarían gradualmente la intensidad de la intervención si la corporación policiaca no adquiere las capacidades necesarias para desempeñar su función.
Una vez que se ha determinado la necesidad de atender una afectación a la seguridad interior, la intervención debe ser temporal, circunscrita a un municipio, entidad o región determinada y proporcional en relación al evento que se busca erradicar.
Barbosa Huerta destacó que las acciones deben ser respetuosas de los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución y Tratados Internacionales.
El documento contiene un mecanismo de control y rendición de cuentas que permite conocer al Consejo de Seguridad Nacional y a la Comisión Bicameral un diagnóstico para determinar la existencia o no de hechos de corrupción por parte de servidores públicos.
