México, 10 enero; poderycritica.-El Congreso de la Unión debate las iniciativas para crear una Ley de Seguridad Interior, que permita dar un marco legal a las fuerzas armadas en labores de seguridad interior bajo un respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.
Senadores, diputados federales y especialistas participan en este análisis de las diversas iniciativas que se han presentado en los últimos meses y que busca delinear la actuación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado y en auxilio de estados y municipios, ello ante la ausencia de preparación y certificación de policías locales.
En la sede del Senado de la República, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz expuso que esta nueva ley pretende ser un vehículo garante del Estado democrático de derecho, respetando competencias, con un marco legal moderno y en donde todos se ciñan a la Constitución y la ley.
«Tenemos que regularizar la actuación de las fuerzas armadas en materia de seguridad nacional y seguridad pública», expuso el legislador quien recordó que el Ejército y la Marina no han dudado en apoyar al Estado mexicano en labores de seguridad pública, pero se tiene que dar un marco legal que otorgue certeza a los uniformados y a los ciudadanos de que los derechos humanos estarán salvaguardado, apuntó.
Roberto Gil Zuarth, senador del PAN, dijo que los gobiernos estatales han creado «un perverso incentivo» ya que no quieren invertir en la profesionalización de policías estatales y municipales, ya que parten del principio de que los apoyan el Ejército Mexicano, la Marina y Fuerzas Federales.
El coordinador del PRD, Luis Miguel Barbosa Huerta, anunció que Miguel Barbosa Huerta, coordinador del PRD en el Senado, anunció que presentará ante la Comisión Permanente una iniciativa para regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
La iniciativa propone un regreso gradual y ordenado del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea a sus cuarteles, en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Seguridad Pública, siempre que se compruebe que los cuerpos policíacos cuenten con la fuerza para encargarse de la seguridad pública a través de una evaluación del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
