México, 04 Noviembre; poderycrítica.- La comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados solicitó una ampliación de recursos por 815 millones 342 mil 350 pesos para aplicarlos al Programa de Apoyo al Empleo (PAE).
El documento, avalado durante la sesión permanente de esta comisión, indica que el PAE es una herramienta de suma importancia para garantizar la estabilidad económica, al continuar con las variables fundamentales de la política de desarrollo nacional.
Los recursos propuestos originalmente para dicho programa en 2017 ascienden a 911 millones 260 mil 550 pesos, que representan una disminución de 47 por ciento, en comparación con 2016, se plantea.
Con la cifra solicitada para el año próximo se alcanzaría un monto total de mil 726 millones 602 mil 900 pesos, cantidad igual a la de este año, y se evitarían distorsiones en el mercado interno, pues la pérdida de empleos implicaría un menor consumo.
Asimismo, la comisión avaló una opinión favorable sobre la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución en materia de justicia laboral.
Consideró que permitirá que la justicia laboral sea impartida por órganos del Poder Judicial Federal o locales y replantea la función de conciliación y la vuelve una instancia prejudicial a la que trabajadores y patrones podrán acudir.
Así, los nuevos órganos de impartición de justicia laboral se podrán concentrar en tareas jurisdiccionales, mientras que la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación.
Además, se crea un organismo descentralizado de la administración pública federal para registrar los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales, y tendrá a su cargo la función conciliadora en el orden federal.
Asimismo, se garantiza el voto personal libre y secreto de los trabajadores para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de la celebración de un contrato colectivo de trabajo y la elección de sus dirigentes.
Bajo el actual esquema, los juicios laborales son largos, van de tres a cinco años, y perjudican a trabajadores y patrones, lo que ha propiciado que durante 2016 el 39 por ciento de las audiencias fueran diferidas.
Con las modificaciones, los procesos serán más ágiles, económicos y de mayor certeza jurídica, porque se permite transitar hacia un modelo basado en la conciliación, la solución de fondo de los conflictos y la certeza jurídica.
Además, hay una desproporción del crecimiento de los asuntos con respecto al incremento del personal en las Juntas, pues con dos mil 194 plazas se atienden 201 asuntos individuales por servidor público, lo que ha deteriorado la calidad de las resoluciones.
