Bogotá, 24 Agosto; poderycrítica.- El gobierno del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciarán hoy en La Habana el cierre oficial de las negociaciones de paz, con lo que se dice adiós a una guerra de 52 años.
En la Mesa de Conversaciones de La Habana, desde el 19 de noviembre de 2012 hasta este 24 de agosto de 2016, es decir 44 meses y cinco días, con algunos altibajos, se logró que las FARC silenciaran los fusiles para dar el salto al movimiento político legal.
El gobierno y las guerrillas de las FARC acordaron alternativas para resolver los problemas de pobreza y desigualdad en el campo, profundizar la democracia y encontrar soluciones al problema de las drogas ilícitas.
Además construyeron un modelo de justicia transicional que permite garantizar el respeto de los derechos de las millones de víctimas que han dejado más de cinco décadas de conflicto bélico interno.
La fase exploratoria comenzó en febrero de 2012, en la que se establecieron las condiciones y se intercambiaron ideas sobre la forma de terminar el conflicto.
Esta fase terminó con la firma del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, que fue el documento que estableció el propósito, la agenda y las reglas de procedimiento de las negociaciones formales.
Los puntos que se discutieron y en los que hubo acuerdo entre las partes son los que fijó la Agenda del «Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de un paz estable y duradera», que se firmó el 26 de agosto de 2010 en La Habana.
La agenda contiene cinco puntos sustantivos y uno de procedimiento: Política de desarrollo agrario integral, Participación política, Fin del conflicto, Solución al problema de las drogas ilícitas, Víctimas, Implementación, refrendación y verificación.
Además de los convenios alcanzados en estos puntos, el gobierno y las FARC lograron un acuerdo sobre la Comisión de la Verdad, que hace parte del Sistema de Justicia Transicional que fue discutido en el punto de Víctimas. También se logró un consenso en materia de desminado.
Según el gobierno colombiano, este acuerdo se basa en cuatro puntos claves de gran importancia para las personas que viven en el campo: acceso a la tierra, un programa de desarrollo con enfoque territorial, un plan para reducir la pobreza y eliminar la pobreza extrema y la puesta en marcha de un programa de seguridad alimentaria.
Los puntos fundamentales son apertura democrática para la inclusión de fuerzas políticas alternativas, fortalecimiento de la participación ciudadana y generación de condiciones para romper para siempre el vínculo entre política y armas.
El acuerdo de drogas ilícitas, que tiene una gran importancia para la comunidad internacional, pone en marcha un programa integral de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo.
Igualmente definen establecer una política de salud pública para tratar a los consumidores, la ejecución de una estrategia para reforzar la lucha contra el crimen organizado y el compromiso de las FARC de contribuir en la solución al problema de las drogas ilícitas.
Los gobiernos de Colombia, anteriores al de Santos, fracasaron en sus intentos de llegar a una salida política negociada con las FARC, desde 1984 cuando se dieron los primeros diálogos hasta 2002, se rompieron las pláticas que implementó el conservador Andrés Pastrana.
En el mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), también se buscaron acercamientos con la cúpula de las FARC, que nunca se concretaron, en medio de las mayores ofensivas del Estado contra el grupo insurgente.
Para el gobierno de Santos, el acuerdo de paz con las FARC respeta los compromisos de Colombia frente al Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional (CPI).
Las víctimas fueron el centro de este proceso de paz, un hecho único a nivel mundial, porque en La Habana el modelo de justicia transicional que se construyó «respetará los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición como lo exigen las normas internacionales».
Los países que fueron los garantes en las negociaciones entre el gobierno de Santos y las FARC fueron Noruega y Cuba, mientras que Chile y Venezuela estuvieron presentes como acompañantes.
Las partes también definieron que las Naciones Unidas es el organismo internacional encargado de monitorear todo el proceso de entrega de armas del grupo insurgente, que empezará a concentrar sus combatientes en 23 zonas en diferentes regiones del país.
Durante 52 años, la guerra en Colombia dejó cerca de 300 mil muertos, millones de desplazados y miles de desaparecidos.
