México, 30 Junio; poderycrítica (Notimex).- Como parte de la aplicación de la nueva Normatividad de Verificación Vehicular, la Profepa inició este jueves la revisión de verificentros para corroborar que sus instrumentos funcionen correctamente.
En el Centro de Verificación UV/SCT/CFM/11/217, ubicado en la Central de Abasto, el subprocurador de Inspección Industrial de Profepa, Arturo Rodríguez Abitia, explicó que la inspección será solo a verificentros y no aplicará para los conductores.
De esta manera, a partir de mañana las brigadas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) iniciarán la visita a los 337 verificentros que hay en la Megalópolis.
“Vigilaremos que los instrumentos de medición sean confiables de manera que los hologramas que se otorguen sean los correspondientes a las características del automotor, combatiendo con ello las prácticas irregulares”, subrayó.
Para ello, a partir de mañana la Profepa procederá a realizar las visitas de inspección de todas y cada una de estas unidades, como lo establece la NOM-167, para revisar los instrumentos de medición de los verificentros.
Aclaró que la inspección de dichos equipos depende de dos elementos importantes de los cuales el primero consiste en las especificaciones de los equipos técnicos que se utilizan, las cuales deben cumplirse de acuerdo a lo que la norma establece.
El otro elemento es garantizar que estos instrumentos tienen el mantenimiento requerido y que son calibrados con la periodicidad prevista en la ley, para que las mediciones se realicen correctamente.
De esta manera la Profepa inspeccionará los equipos de medición, los dinamómetros, las estaciones meteorológicas, los lectores de gases, los tacómetros, los odómetros y los opacímetros, a fin de que sus lectoras sean confiables.
Para ello los inspectores que acudan a realizar una inspección, deberán presentar una orden de inspección y mostrar una identificación que acredite que están capacitados para realizar dicha labor.
La inspección constará de dos etapas, de las cuales la primera consiste en la revisión de la documentación que acredite que los equipos son de procedencia lícita y que cumplen con la normatividad.
La segunda etapa consistirá en una inspección física para corroborar que lo establecido en los documentos corresponde con lo señalado en los equipos.
A partir de ahí, en caso de encontrar alguna irregularidad, los inspectores podrían proceder a la apertura de un proceso administrativo para ordenar la corrección de las irregularidades.
Además, se aplicará la sanción con base en la Ley General de Equilibro Ecológico y la Protección del ambiente, la cual establece un rango de entre 50 y 50 mil salarios mínimos, que equivale a tres millones y medio de pesos por cada irregularidad detectada.
