México, 23 febrero; poderycritica.- Expertos y académicos coincidieron que el Senado de la República debe construir un mecanismo que permita al Estado mexicano combatir de manera efectiva la corrupción, y generar una legislación que deje de proteger y auspiciar la impunidad.
Durante su participación en los Foros en materia Anticorrupción, el doctor Mauricio Merino, de la Red por la Rendición de Cuentas, aseguró que si el Sistema Nacional Anticorrupción no consigue una Ley General de Responsabilidades que modifique desde su raíz el sistema disciplinario mexicano, la reforma constitucional en la materia habrá sido un esfuerzo fallido.
Destacó que lo más sano para la transparencia del actuar del Sistema Nacional es que sus decisiones recaigan en los seis órganos del estado mexicano que lo conformarán y no que éstos se conviertan en defensores de sus propias tareas.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas debe dejar de proteger y auspiciar la impunidad de conductas contrarias al derecho, y que vulneran responsabilidades asumidas por los servidores públicos, argumentó.
El derecho administrativo, añadió, debe entenderse como un marco jurídico que proteja al Estado mexicano de sus propios integrantes, de las relaciones que establecen los funcionarios y de las autoridades que realizan gastos públicos.
Consideró necesaria la creación de un “Coneval de la Corrupción”; es decir, que la Secretaría ejecutiva del Sistema sea un instrumento capaz de producir la metodología para medir y reconocer la corrupción, que se pueda utilizar de manera pública e inteligente.
Desde el punto de vista del doctor Juan E. Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), se tienen que discutir cerca de 20 leyes para poder atender esta “crisis nacional”, pues los problemas del país como la pobreza, inseguridad y los feminicidios, de una u otra manera todos “están agravados por el tema de la corrupción”.
El Senado debería analizar ya, con un mapa de ruta de las legislaciones a modificar, indicó. Es el momento adecuado para discutir el sistema y para ya no perder más tiempo en foros. Se pierde tiempo del país y de una crisis no atendida, reiteró.
Asimismo, advirtió que México es un país con buenas leyes que se aplican mal; se tiene un diseño institucional para garantizar la impunidad, que no se va a cambiar sin la participación activa de ustedes, los legisladores.
En su turno, Sergio López Ayllón, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que el Senado está ante una de las tareas legislativas más complejas que ha enfrentado en los últimos años, pues la construcción del entramado normativo e institucional debe superar no sólo las dificultades técnicas, sino también, responder a una necesidad política y social.
En su opinión, la “clave del éxito” estará menos en la posibilidad de perseguir corruptos que en el diseño de un sistema que articule la acción de los diversos órganos para prevenir y corregir las condiciones estructurales que facilitan este tipo de delitos.
El especialista advirtió que crear otra instancia como otras tantas que existen, “que sirva solamente como una mesa, donde se reúnan periódicamente los titulares para tomarse la foto, no tienen ningún sentido”, por lo que se debe hacer un trabajo de diseño jurídicamente solvente que agregue las mejores prácticas.
Por su parte Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, subrayó que el Sistema Nacional Anticorrupción no puede reducirse a la aprobación de dos leyes generales.
Como instruye la Constitución, sino que se debe considerar la reforma a “casi 20”, como la de obras públicas que tiene que ser vista como parte de un paradigma anticorrupción o como la de extinción de dominio.
La corrupción, agregó, no empieza en estas dos leyes, sino en donde se generan los espacios y mecanismos para que ésta se presente, por lo que se presenta la necesidad de reformar no dos, sino más leyes.
Enfatizó que el objetivo del Sistema no es sancionar a los funcionarios, sino desmantelar las redes de corrupción, por lo que se debe de dotar de auténticos indicadores de desempeño e impacto.
Al mismo tiempo, subrayó la necesidad de incorporar el concepto de integridad pública a la legislación y advirtió que “el día que convirtamos la indignación en acción pública y en nueva institucionalidad habremos servido todos a la sociedad mexicana”.
Para el senador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Humberto Fernández Fuentes, en la nueva legislación uno de los temas principales debe ser el atacar el problema de la corrupción política vinculada al ejercicio del poder.
Asimismo, consideró que se debe contemplar la ciudadanización, pues “si no tenemos una estructura ciudadana vamos hacer algo intrascendente. Si no hay ciudadanos que puedan forzar las decisiones del aparato del Estado, esta reforma será irrelevante”.
