PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN 1 La administración de Yensunni Idalia Martínez Hernández en el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, iniciada en septiembre de 2021 y renovada en 2024 por un margen estrecho, ha acumulado un patrón de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre recursos federalizados que, sumado a la designación de su ex tesorero como titular de la Auditoría Superior del Estado, configura un escenario de opacidad persistente en el manejo de las arcas municipales que amenazan a Morena con perder esa demarcación ante tantos señalamientos de corrupción.
En las revisiones de la Cuenta Pública 2023, la ASF emitió un pliego de observaciones por 10 millones 622 mil 822 pesos más intereses en participaciones federales del Ramo 28, al no acreditarse evidencia documental suficiente del destino de gastos diversos, incluyendo adquisiciones de maquinaria para seguridad pública. Específicamente, contratos por dos máquinas extintoras y una retroexcavadora Caterpillar, pagados con recursos del FORTAMUN, no contaron con localización física de los bienes. La federación ordenó el reintegro y promovió responsabilidad administrativa sancionatoria contra servidores públicos de la tesorería y oficialía mayor de ese periodo, entre ellos el entonces tesorero Miguel Zogby Cheluja Martínez y el oficial mayor Javier Regalado Hendricks.
Para el ejercicio 2024, auditorías integrales a recursos del gasto federalizado (FAISMUN, FORTAMUN y participaciones) arrojaron un probable daño a la hacienda pública federal por alrededor de 35 millones de pesos, equivalente al 77.8 % de la muestra revisada. Pliegos de observaciones apuntaron a contratos de obra pública donde no se acreditó el beneficio a la población objetivo ni la correcta ejecución de trabajos, con montos específicos cercanos a 7.1 millones y 28 millones de pesos en expedientes que carecían de documentación completa. El dictamen concluyó que el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de esos fondos.
El conflicto de interés es estructural ya que Cheluja Martínez, tesorero durante el primer trienio de Martínez Hernández, fue designado en agosto de 2024 titular de la Auditoría Superior de Quintana Roo para el periodo 2024-2031. Ante la fiscalización de las cuentas 2024 del propio ayuntamiento, se excusó y delegó facultades a subordinados, reconociendo el potencial conflicto. Reportes locales documentan que el organismo estatal ha presentado informes con omisiones sobre montos de pliegos de observaciones y cobertura limitada del gasto, mientras el auditor solicitó incrementos presupuestales y de sueldo. Esta configuración reduce la posibilidad de fiscalización independiente a nivel local, donde la ASEQROO no ha impulsado daños patrimoniales significativos atribuibles a la alcaldesa.
Más allá de las observaciones federales formales, circulan denuncias detalladas sobre el ejercicio 2025. Reportes públicos señalan que, de los 41 millones 601 mil pesos reportados como ayudas sociales, subsidios y otras ayudas, cerca de 10 millones no habrían llegado a población vulnerable. Documentos de comprobación entregados a la federación mostrarían desvíos hacia conceptos ajenos a los criterios de elegibilidad de ayudas (pobreza, marginación, adultos mayores, discapacidad, becas), incluyendo pagos a la directora del DIF municipal Beyra Aguirre Villegas con transferencias por alrededor de 610 mil pesos en un trimestre, coincidentes con el nombramiento de la madre de la alcaldesa como presidenta honoraria del DIF, a operadores de medios locales, a un dirigente magisterial y a proveedores. La documentación se habría mezclado con subsidios para diluir el rastreo. El ayuntamiento no ha transparentado padrones completos ni fotografías de entrega que acrediten el destino final a los más necesitados.
En obra pública con recursos del FAIS, se facturaron 13 millones 833 mil pesos por cisternas en 33 comunidades rurales a razón de 50 mil pesos cada una. Al solicitar evidencias de ubicación, familias beneficiadas o avance físico, el ayuntamiento negó la información. Las obras debían concluir a más tardar el 31 de diciembre de 2025, pero a mediados de 2026 no existen reportes verificables de entrega ni sanciones a las empresas. Contratos adicionales para rehabilitación del parque La Alameda y equipamiento de juegos infantiles, con más de 6 millones de pesos en total a empresas yucatecas con historial de litigios o falta de registro local) muestran sobrecostos respecto a precios de mercado y retrasos prolongados, sin penalizaciones. Algunas constructoras aparecen ligadas a círculos de diputados locales de Morena y miembros de la CMIC. Funcionarios como la directora de obras públicas, el tesorero y el presidente de la comisión de obras del cabildo aparecen como firmantes recurrentes.
Estos patrones se inscriben en un contexto más amplio. La ASF, a nivel nacional, detecta irregularidades millonarias en gasto federalizado municipal y estatal, pero rara vez las convierte en carpetas penales ante la FGR; predominan pliegos de observaciones, reintegros parciales y promociones administrativas que dependen de los órganos internos de control. En Quintana Roo, la coincidencia de un ex tesorero municipal al frente de la auditoría estatal refuerza la percepción de que las irregularidades se diluyen en trámites y no llegan a inhabilitaciones o juicios. Mientras tanto, la administración municipal reporta reducción de deuda (de más de 330 millones a alrededor de 160-186 millones), ausencia de nuevos impuestos y mejora en calificación crediticia de HR A- a HR A. Esas métricas coexisten con las observaciones federales no solventadas y con denuncias ciudadanas en redes sobre cobros extraordinarios en recaudación, crisis en seguridad pública y opacidad en apoyos sociales.
El discurso de austeridad y combate a la corrupción de la Cuarta Transformación choca, en Othón P. Blanco, con la continuidad de prácticas de comprobación deficiente de recursos etiquetados, adjudicaciones con poca competencia y un sistema de fiscalización donde quien manejó las finanzas municipales ahora supervisa, sin reintegros documentados de los montos observados, sin padrones abiertos de beneficiarios de ayudas y sin evidencia pública de las cisternas facturadas, el quebranto presunto permanece como un saldo abierto que la ciudadanía local sigue documentando en redes y portales, mientras las instancias formales avanzan a ritmo administrativo. El resultado es un municipio donde los recursos federales destinados a infraestructura social y apoyos a vulnerables generan más pliegos de observaciones que obras verificables o transferencias directas comprobadas.





