Poder y Crítica | Redacción | El Senado de la República aprobó una reforma que establece la obligatoriedad de los programas de reeducación integral, especializada y gratuita para personas agresoras, los cuales deberán ser incluidos por los jueces en las sentencias correspondientes.
La iniciativa, impulsada por la senadora Anahí González, modifica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con el objetivo de combatir la violencia de género e intrafamiliar desde su origen metodológico. La propuesta parte de una premisa psicológica que aborda la agresividad como una conducta aprendida y, por lo tanto, modificable.
Homologación en todo el país
El dictamen aprobado busca eliminar la disparidad jurídica entre las distintas regiones del país. La reforma mandata de forma directa a las 10 entidades federativas que aún no contaban con esta regulación en sus marcos locales a diseñar, implementar y mantener vigentes estos servicios formativos, garantizando que el acceso a la protección no dependa del territorio de residencia.
Alcance de la medida
La legisladora González precisó que, si bien la mayoría estadística de las víctimas son mujeres, la reforma está diseñada con un criterio universal aplicable a cualquier agresor, independientemente de su género. Asimismo, se destacó que la reeducación obligatoria no sustituye las sanciones penales aplicables, sino que funciona como una medida de seguridad orientada a romper el ciclo de violencia y salvaguardar el entorno familiar de las víctimas.
Tras su aprobación en el pleno de la Cámara de Senadores, el proyecto de decreto fue remitido a la Cámara de Diputados para continuar con su respectivo proceso legislativo.
