Decenas de vecinos del fraccionamiento Colinas del Sur, ubicado sobre la avenida José López Portillo, se manifestaron para exigir que no se retire el cerco perimetral, pluma metálica y caseta de vigilancia que instalaron hace más de diez años como medida de seguridad comunitaria, luego de un fallo judicial que ordenó su desmantelamiento.
La disputa afecta directamente a más de 80 familias del sector, quienes advierten que de ejecutarse la orden quedaría abierto el único acceso vehicular hacia el interior del fraccionamiento, permitiendo el paso libre de automovilistas y personas ajenas a la unidad habitacional, lo que incrementaría los riesgos de robos, accidentes viales y afectaciones a menores que juegan en las calles internas.
El litigio se originó en 2025, cuando una particular promovió una demanda ante el Poder Judicial del Estado de Campeche para exigir el retiro del cerco instalado en el cruce con la avenida López Portillo. Según los manifestantes, la demandante no reside en el fraccionamiento, es propietaria de un terreno baldío colindante que mantiene en venta y habría obtenido el fallo con celeridad debido a presuntas influencias dentro del Ayuntamiento.
Los vecinos sostienen que la resolución de la jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May favoreció a la demandante sin considerar el uso comunitario que el cerco ha tenido durante más de una década como filtro de control y prevención del delito.
Facundo Aguilar López, administrador del fraccionamiento, señaló que la comunidad desembolsó de sus propios bolsillos la instalación de mallas, plumas y caseta de vigilancia, y que el sistema nunca impidió el libre tránsito, sino que funcionó como supervisión para garantizar tranquilidad.
“Con cartulinas pegadas en las mallas y frente a la caseta, estamos exigiendo que el municipio deje de actuar como ejecutor de caprichos privados que atentan contra el bienestar colectivo”, expresó.
Cabe recordar que el pasado 19 de octubre, personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) acudió al fraccionamiento para ejecutar la orden judicial, sin embargo la diligencia quedó pendiente debido a la ausencia de representantes jurídicos del Ayuntamiento de Campeche, encabezado por la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre.
Actualmente los residentes mantienen en trámite un amparo federal con el que buscan suspender la orden de retiro mientras se resuelve el fondo del conflicto. La comunidad se mantiene en alerta y con pancartas en el acceso, a la espera de la nueva fecha que fije la autoridad judicial para la ejecución.
