En medio de la crisis agraria que vive el estado por la pérdida de cosechas de maíz a causa de sequía e inundaciones, campesinos y ejidatarios de Campeche exigieron el regreso del Tribunal Unitario Agrario (TUA) a la entidad, cerrado hace dos años bajo el argumento de ahorro presupuestal.
Este martes, ejidatarios de Hecelchakán, encabezados por comisarios ejidales y representantes de la organización “Fuerza Campesina”, acudieron desde temprana hora al Congreso del Estado para entregar en la Oficialía de Partes un oficio dirigido al Tribunal Superior Agrario en la Ciudad de México, al Ejecutivo estatal y a la Secretaría de Gobierno, en el que solicitan la reasignación de la sede judicial a Campeche.
Los productores denunciaron que el actual esquema del Tribunal Móvil es insuficiente y resulta más costoso. Cada viaje de ida y vuelta a Mérida, Yucatán, o a Chetumal, Quintana Roo, implica una erogación promedio de 2 mil pesos solo en transporte, a lo que se suman entre 5 mil y 7 mil pesos por honorarios de abogados por audiencia, montos inaccesibles para la mayoría de los campesinos que deben acudir hasta en dos o tres ocasiones para dar seguimiento a un mismo caso.
“Estamos muy molestos. La gobernadora Layda Sansores firmó un compromiso por escrito para entregar el edificio sede del Tribunal, pero hasta ahora no ha cumplido ni siquiera se ha acercado a nosotros”, reclamó Román Velázquez, comisario ejidal y presidente de Fuerza Campesina, quien precisó que llevan casi dos años gestionando el retorno sin resultados.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Tania González Pérez, respaldó la exigencia y criticó que, pese a que el gobierno federal, el estatal, el Senado y los congresos federal y local están alineados con Morena, no se pongan de acuerdo para exigir el regreso del TUA. Calificó la decisión de cierre como unilateral y tomada desde la Ciudad de México.
De acuerdo con el secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento Maldonado, el estado ofreció cubrir gastos de inmueble, personal y equipamiento para facilitar el regreso del tribunal, pero reconoció que no hay fecha definida para su reinstalación. Admitió que la ausencia del TUA complica el acceso a la justicia agraria, con más de 600 expedientes sin resolver y juicios que llevan hasta 15 años estancados.
Las organizaciones campesinas advirtieron que, de no obtener una respuesta concreta antes de que concluya la actual administración estatal, retomarán movilizaciones y bloqueos carreteros en 2027 para exigir justicia agraria pronta y cercana.
