El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, evitó confirmar si las cuentas bancarias del empresario tabasqueño Amílcar Olán Aparicio se encuentran congeladas, ante los señalamientos sobre presuntas irregularidades en contratos públicos y su vínculo cercano con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante su intervención en la conferencia matutina ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario federal sostuvo que el organismo a su cargo enfrenta limitantes normativas para divulgar datos sobre investigaciones en curso o solicitudes de información ministerial.
Secreto legal y coordinación institucional
El titular de la oficina de inteligencia financiera expuso los criterios operativos bajo los cuales trabaja la dependencia frente a posibles delitos financieros:
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Reservas normativas: Reyes Colmenares argumentó que la ley prohíbe expresamente a la UIF hacer pública la identidad de las autoridades que solicitan información o precisar los expedientes bajo análisis.
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Mecanismos de colaboración: Precisó que se mantienen convenios activos de intercambio de información con autoridades federales y diversas entidades federativas, apoyando los requerimientos de datos financieros cuando existe sustento legal.
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Alertas del sistema bancario: Explicó que al detectarse reportes de operaciones inusuales o de riesgo por parte de las instituciones financieras, la UIF interviene de forma inmediata «sin hacer distinciones por la persona involucrada».
Antecedentes y postura de Seguridad Federal
El pronunciamiento de la UIF se suma a lo expuesto semanas atrás por el Gabinete de Seguridad Nacional sobre la situación jurídica del empresario:
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Declaraciones previas: El pasado 13 de octubre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que Olán Aparicio se encuentra localizable en territorio nacional.
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Deslinde ministerial: Las autoridades reiteraron que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar e informar sobre la existencia de carpetas de investigación o mandamientos judiciales vigentes en contra del inversionista.
