PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Sobre la conciencia y el recuerdo del pueblo cancunense, Pablo Gutiérrez Fernández, lleva a cuestas la muerte de un joven que hasta la fecha se desconoce su paradero; él es candidato de “La Mafia Verde”, es de los incrustados y disfrazados de Morena en el actual gobierno y sus aspiraciones a la presidencia municipal de Benito Juárez llevan el tufo de la corrupción y el crimen organizado.
En octubre de 2019, Maximiliano González Rojas, de 18 años y residente en Estados Unidos, desapareció tras ser visto por última vez en el bar Distrito Cavana, que se ubicaba en la Supermanzana 15 de Cancún, frente a Plaza Las Américas. Según el relato del amigo que lo acompañaba y declaraciones de su madre, el joven tuvo un altercado con dos desconocidos al interior del establecimiento; el acompañante salió a fumar y, al regresar, ya no lo encontró. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) abrió la carpeta de investigación FGE-QR-BJ/10/22312/2019), calificó los hechos como posible privación ilegal de la libertad o plagio, realizó un cateo, aseguró el local y colocó sellos. Se difundió su ficha de búsqueda: camiseta mostaza con la leyenda “SQUAT”, pantalón de mezclilla y tenis negros, con un tatuaje de cruz en el brazo izquierdo con las iniciales “M.M.K.E.”
Semanas después apareció un video. En él, un joven arrodillado, rodeado de encapuchados armados, dice llamarse Maximiliano González Rojas. Relata que tuvo problemas para pagar la cuenta en Distrito Cavana, que lo interceptaron en un taxi cerca de su casa y que todo ocurrió porque vendía droga para una organización criminal Menciona a un “patrón” a quien veía cada dos semanas en la carretera Cancún-Playa, y señala que su propio padre estaba enterado. La Fiscalía anunció que el material se peritaría y se incorporaría a la investigación. No hubo, en los meses y años siguientes, una versión pública clara sobre la autenticidad del video ni sobre el paradero del joven. El caso quedó en esa zona gris en la que tantas desapariciones se diluyen: no se confirma el hallazgo, no se cierra formalmente, no se nombra responsables del lugar.
Pero estos hechos sangrientos tenían atrás un motivo político para que se ocultara todo lo que pudiera afectar a quien hoy es “aspirante de Morena” a la presidencia municipal: Pablo Gutiérrez Fernández ya que Distrito Cavana pertenecía a la sociedad 86 Amigos S.A. de C.V., constituida en diciembre de 2016. Entre sus seis socios fundadores figuraba Pablo Gutiérrez Fernández, entonces regidor del Ayuntamiento de Benito Juárez. Cuando el nombre de Gutiérrez se vinculó públicamente con el antro, el regidor respondió con un deslinde: dijo haber vendido su participación accionaria el 5 de octubre de 2018, mediante asamblea de accionistas, en escritura pública ante notario, y que la operación se había inscrito en el Registro Público de Comercio en febrero de 2019. El 4 de noviembre de 2019 acudió voluntariamente a la Fiscalía, presentó documentación y se declaró ajeno a la operación y a los hechos. No se le formuló imputación. No se le procesó. La investigación se centró en lo ocurrido dentro y alrededor del establecimiento, no en los socios que habían sido o dejaron de serlo.
Y ahí fue donde corrió el rumor que en Distrito Cava se expendía droga de una determinada organización y que el joven desaparecido intento vender y comercializar droga de otra célula delictiva, por eso Pablo Gutiérrez, con el deslinde corporativo resolvió, en el plano formal, la responsabilidad directa sobre el local en el momento de la desaparición. No resolvió, sin embargo, las preguntas que el caso dejó abiertas: por qué un establecimiento de ese tipo operaba con la estructura societaria que tenía, qué tipo de control existía sobre lo que ocurría en su interior como la venta de droga, altercados, posibles levantones, y por qué la desaparición de un joven de 18 años no produjo, en la práctica, consecuencias visibles para quienes habían estado vinculados al lugar.
El video, de confirmarse su autenticidad, habría colocado el hecho en el terreno del narcomenudeo. De no confirmarse, habría sido otra pieza de desinformación que enturbió aún más una investigación que ya avanzaba con lentitud. En cualquiera de los dos escenarios, el resultado público fue el mismo: el joven no reapareció y el socio fundador siguió su trayectoria política sin que el episodio se convirtiera en un obstáculo formal.
Siete años después, Pablo Gutiérrez Fernández es uno de los aspirantes que se dice “mejor posicionado” de Morena para la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Benito Juárez, el paso previo a la candidatura a la presidencia municipal de Cancún en 2027. El 13 de octubre de 2026 se separó de la Secretaría General del Ayuntamiento para competir en el proceso interno. Su carrera municipal comenzó en 2018 como regidor, después fue síndico, encargado de despacho de la Presidencia y secretario general. En ese último cargo concentró funciones de coordinación con seguridad ciudadana, tránsito y operativos municipales.
Y montó operativos de orden vial y atención territorial a lo que el pueblo reclamó como operativos de extorsión. Al mismo tiempo, se le señalan prácticas de proselitismo anticipado como las bardas pintadas con el lema “Mejor Pablo”, uso de recursos de la Secretaría General para promoción personal, abusos de poder y una gestión en la que, según edenuncias, se toleran o no se combaten de fondo esquemas de extorsión en policía, tránsito y fiscalización a comercios.
La coincidencia es difícil de ignorar. El mismo funcionario que en 2019 se deslindó de un antro donde desapareció un joven en circunstancias vinculadas, al menos en el relato del video, al narcomenudeo, ocupa años después una posición desde la que se ejerce influencia sobre las corporaciones que deberían prevenir, investigar y detener ese tipo de actividades.
No existe una acusación formal que lo vincule directamente con un grupo criminal. Lo que sí existe es un patrón de impunidad relativa: un antecedente empresarial en un lugar de alto riesgo que no generó consecuencias penales para el socio, seguido de una acumulación de poder en el aparato de seguridad municipal y de acusaciones recurrentes de que ese poder se ejerce con laxitud hacia ciertas prácticas ilícitas de bajo y mediano perfil como las extorsiones, “moches”, tolerancia operativa.
El caso Distrito Cavana no demuestra, por sí solo, una relación orgánica con el crimen organizado. Demuestra algo más estructural y, por eso mismo, más relevante: la facilidad con la que un vínculo societario puede disolverse en el papel cuando el contexto político lo exige, la lentitud o la opacidad con la que se investigan desapariciones ocurridas en espacios de entretenimiento nocturno, y la capacidad de un actor político para reconvertir ese episodio en un capítulo cerrado mientras avanza hacia mayores responsabilidades en el control del orden público.
En Cancún, donde la presencia de grupos criminales y las disputas por plazas de narcomenudeo y extorsión son realidades documentadas, esa reconversión tiene un costo. Cada vez que un caso como el de Maximiliano González Rojas permanece sin respuesta clara, y cada vez que un funcionario vinculado a esos espacios acumula poder sobre las corporaciones encargadas de combatirlos, se refuerza la percepción de que ciertas protecciones —o al menos ciertas omisiones— son posibles.
Pablo Gutiérrez Fernández sostiene que su salida de la Secretaría General responde a una convicción de continuidad del proyecto iniciado en 2018 y que los resultados en búsqueda de personas y seguridad son tangibles. El proceso interno de Morena decidirá su futuro político. Lo que el episodio de 2019 y su trayectoria posterior dejan expuesto es una pregunta que trasciende al individuo: hasta qué punto la impunidad de un caso concreto, resuelta mediante deslinde corporativo y ausencia de imputación, puede coexistir con la aspiración a dirigir el aparato que debería impedir que esos casos se repitan. La respuesta no está solo en los documentos de venta de acciones ni en las cifras de localización de desaparecidos. Está en si, siete años después, alguien en Cancún puede aún preguntar por Maximiliano González Rojas y recibir algo más que el silencio administrativo que rodeó al bar que alguna vez llevó el nombre de Distrito
