Integrantes del colectivo “Madres Buscadoras de Quintana Roo” se movilizaron y protestaron en la glorieta del Kilómetro Cero en la zona hotelera de Cancún, tras aplazarse por tercera ocasión la audiencia intermedia en contra de un exfuncionario de la Fiscalía General del Estado (FGE), imputado por omisión y negligencia en las investigaciones del caso Francisca Mariner Flores Patrón.
La movilización social busca visibilizar las dilaciones procesales y exigir la aplicación de sanciones penales a las autoridades que entorpecieron la localización de la joven, cuyo cuerpo permaneció casi cuatro años en una morgue del Servicio Médico Forense (Semefo) debido a las omisiones institucionales.
Estrategia dilatoria y violaciones al debido proceso
María Dolores Patrón Pat, presidenta del colectivo y madre de la víctima, denunció que la audiencia programada para esta semana fue pospuesta para el próximo 3 de noviembre a solicitud de la defensa del exservidor público:
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Tácticas defensivas: La activista señaló que el equipo legal del exfiscal del área de homicidios ha recurrido sistemáticamente a no ingresar a la sala de audiencias o promover recursos como amparos para diferir las etapas procesales, obligando incluso a reponer el procedimiento de vinculación a proceso.
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Denuncia de revictimización: Patrón Pat calificó como una «burla» y un desgaste emocional las maniobras del imputado para alargar el juicio, demandando una impartición de justicia pronta y expedita.
Exigencia legal y sanción a servidores públicos
Por su parte, la asesora legal de la familia, Ariadne Song Anguas, argumentó que los constantes diferimientos contravienen lo dispuesto en el marco normativo penal vigente:
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Incumplimiento del Código Nacional: La abogada precisó que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la audiencia intermedia —etapa clave para la admisión y exclusión de medios de prueba— únicamente puede diferirse por una sola ocasión y hasta por un plazo máximo de 10 días a petición de la defensa.
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Rechazo a acuerdos: Song Anguas acusó que las maniobras buscan forzar un arreglo de reparación del daño antes de llegar al juicio oral. Sin embargo, enfatizó que la exigencia de la familia es obtener una sentencia condenatoria para sentar un precedente que evite la impunidad de servidores públicos en casos de personas desaparecidas.
