La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, informó la reestructuración de áreas ejecutivas y administrativas clave del órgano electoral, al tiempo que manifestó su disposición para colaborar de manera permanente con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual inició una investigación de oficio por probables anomalías en contrataciones públicas.
El pronunciamiento del órgano electoral se da luego de que la ASF notificara la apertura de un expediente indagatorio tras detectar elementos sobre el presunto uso indebido de recursos, conflictos de interés, colusión de proveedores y triangulación de fondos en licitaciones del instituto.
Posición del INE y sustitución de funcionarios
A través de un comunicado oficial emitido este sábado, Taddei Zavala afirmó que la fiscalización entre organismos evidencia el funcionamiento de los contrapesos institucionales en el país, manifestando su apertura ante el proceso de revisión:
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Sustitución de mandos: La presidenta del Consejo General confirmó que se efectuaron relevos en posiciones de alta responsabilidad ejecutiva y administrativa dentro del organismo como parte de las acciones operativas internas.
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Apertura institucional: Sostuvo que el instituto colaborará plenamente con los requerimientos de la ASF y del Órgano Interno de Control (OIC), instancia a la que ya se remitieron los antecedentes del caso.
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Alineación legal: Remarcó que ningún proceso de licitación, servidor público o empresa proveedora se encuentra al margen de la ley, reiterando su compromiso de conducirse con probidad en el ejercicio del cargo.
Contexto de las investigaciones por adjudicaciones
Las indagatorias del órgano fiscalizador derivan de señalamientos sobre la presunta operación de una red compuesta por al menos siete empresas proveedoras, las cuales habrían simulado competencia en concursos de licitación y realizado operaciones financieras con firmas emisoras de comprobantes fiscales sin sustento operativo.
Ante esta situación, el INE precisó que no emitirá juicios sobre expedientes específicos, indicando que la documentación, contratos, montos y expedientes de las adjudicaciones cuestionadas se mantendrán a disposición de las autoridades competentes y para consulta pública en su portal institucional.
