Representantes del desarrollo inmobiliario Mare Vera Coast Society salieron a aclarar la clausura temporal impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en la Riviera Veracruzana, atribuyéndola a un error topográfico y no a una falta de permisos.
El proyecto, ubicado en el kilómetro 7 del bulevar Boca del Río-Antón Lizardo, en el municipio de Alvarado, contempla 13.99 hectáreas a 20 metros de la zona de playa, con 215 lotes, cinco macrolotes, casa club, casetas de acceso y áreas verdes. Según la Profepa, durante una inspección el 22 de septiembre se constató cambio de uso de suelo sin que el responsable presentara la documentación de impacto ambiental, por lo que el 6 de octubre impuso clausura total temporal por riesgo al equilibrio ecológico.
Los desarrolladores aseguran que la medición oficial ubicó erróneamente sus oficinas de ventas fuera del polígono del proyecto, generando coordenadas inexactas que hicieron parecer un inicio anticipado de obra. Sostienen que el acta de Profepa carece de estudios técnicos profundos, se basa solo en fotografías y que en la misma acta se reconoce que no existe riesgo inminente de impacto ambiental, por lo que consideran incongruente mantener la clausura.
El equipo legal respondió dentro del término de cinco días tras la notificación y afirma que el desarrollo maestro cuenta con permisos federales correspondientes a cada espacio y que la maquinaria vista en la zona realiza labores externas de mantenimiento.
Sin embargo, la organización ambientalista Earth Mission denunció que la obra no se ha detenido pese a los sellos. Su presidente Sergio Armando González publicó un video donde se observan máquinas trabajando en el predio y señaló que la comunicación de la clausura fue tardía.
La controversia se suma a denuncias en redes sobre supuestas ventas irregulares en el proyecto, que Mare Vera atribuye a agencias externas. La Profepa informó que continuará el procedimiento administrativo y la vigilancia en la zona costera, mientras los desarrolladores esperan resolución jurídica para levantar la clausura.
