Poder y Crítica | Redacción | La Legislatura de la Justicia Social aprobó entregar un reconocimiento al Tec de la Zona Maya, en el marco del 50 aniversario de esta institución educativa con sede en la comunidad de Juan Sarabia.
El reconocimiento tiene como objetivo principal homenajear a la institución, así como a su personal docente, administrativo, directivo y a la comunidad de egresados, por su invaluable y continua contribución al desarrollo educativo, científico, tecnológico, agropecuario, forestal, empresarial y social de Quintana Roo.
Fundado el 8 de octubre de 1976 en el Ejido Juan Sarabia, municipio de Othón P. Blanco, bajo el nombre inicial de Instituto Tecnológico Agropecuario No. 16, el «Tec de la Zona Maya» ha evolucionado hasta consolidarse como un referente educativo.
Actualmente, se destaca por ser la única institución pública de educación superior especializada en el área agropecuaria en todo el Estado, lo que le confiere un papel estratégico y vital para la seguridad alimentaria y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la región.
La entrega oficial de este alto reconocimiento institucional se llevará a cabo durante la Sesión Ordinaria del Pleno, programada para el próximo 27 de octubre de 2026.
En la sesión ordinaria del día se presentaron dos importantes iniciativas para reformar la Ley de Educación del Estado.
La primera busca garantizar la accesibilidad universal y proteger explícitamente a las y los estudiantes con condiciones neurodivergentes, como el Trastorno del Espectro Autista (TEA), tipificando como infracción la segregación o negativa del servicio educativo por esta causa.
La segunda iniciativa propone elevar a rango constitucional la Lengua de Señas Mexicana (LSM), reconociéndola como parte del patrimonio lingüístico estatal.
Por otra parte, se propuso adicionar a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, el derecho a una alimentación nutritiva, diaria, suficiente y de calidad.
Finalmente, se dio lectura a una reforma a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado para proteger los derechos laborales de las y los servidores públicos víctimas de desaparición.
