Alrededor de 100 niñas y niños de la comunidad Fracción Tzanembolom, en el municipio de Chenalhó, Chiapas, permanecen sin acudir a la escuela desde febrero de 2024 debido a la ola de inseguridad y las constantes amenazas ejercidas por grupos armados en la zona. Habitantes del lugar denunciaron además que integrantes de estos grupos criminales obligan a menores de edad a consumir sustancias ilícitas.
El cese de las actividades lectivas ocurrió tras el homicidio de Prudencio Pérez Pérez en febrero de 2024. Pese a que la escuela primaria bilingüe Amado Nervo cuenta con una plantilla de cuatro docentes asignados para la atención de 101 alumnos, la falta de garantías de seguridad ha impedido la reanudación de las clases presenciales.
Extorsiones, control territorial y balance de seguridad
Pobladores de la localidad expusieron que las familias viven bajo un clima de intimidación constante, donde se imponen cobros de cuotas y represalias económicas —incluyendo cobros arbitrarios de hasta 1,500 pesos a quienes intentan abandonar el poblado—, situación que ha generado episodios de desplazamiento forzado.
Respecto a las acciones de contención, datos de la Guardia Nacional detallan lo siguiente:
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Patrullajes realizados: Entre enero de 2024 y el 15 de septiembre de 2026, la corporación ejecutó 2,967 recorridos de vigilancia en el municipio de Chenalhó.
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Resultados reportados: Durante dichos operativos no se registraron detenciones de sospechosos ni aseguramiento de armas de fuego.
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Sin registros específicos: La institución señaló no contar con expedientes desglosados sobre la problemática focalizada en las comunidades denunciadas.
Despliegue de fuerzas estatales y exigencia comunitaria
En respuesta a las denuncias públicas, el Gobierno de Chiapas anunció el envío de un contingente integrado por 200 elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, además del apoyo de herramientas tecnológicas como drones y sobrevuelos de reconocimiento en la región Altos.
Por su parte, las familias afectadas urgieron a las autoridades a pacificar la zona de manera permanente para garantizar el libre tránsito, poner fin a los abusos contra la población civil y permitir que la niñez retome su formación escolar.
