Por mayoría de votos, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó el proyecto de lineamientos diseñado para vigilar y fiscalizar los gastos en eventos, giras, propaganda y posicionamiento público de actores políticos de cara al proceso electoral 2026-2027.
La propuesta, votada en la sesión del 8 de octubre, buscaba establecer mecanismos de control financiero previo sobre las actividades de proselitismo en desarrollo. No obstante, la postura impulsada por la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, junto con seis consejerías más, se impuso frente a los cuatro votos a favor de la iniciativa, frenando el instrumento normativo.
La postura a favor: fiscalización oportuna y transparencia
Los consejeros promotores de la iniciativa —Arturo Castillo, Carla Humphrey y Martín Faz, sumados al apoyo de Rita Bell López— argumentaron que la fiscalización del órgano electoral debe ser permanente para prevenir posibles inequidades antes del arranque formal de las precampañas.
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Conocimiento de recursos: El consejero Arturo Castillo aclaró que el objetivo no era calificar de ilegales los actos políticos ni sancionarlos en automático como actos anticipados, sino transparentar el origen y destino del dinero empleado en giras, encuestas y pauta digital.
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Riesgo de extemporaneidad: Se advirtió que, sin estos lineamientos, los gastos podrían diluirse dentro de la contabilidad ordinaria de los partidos, reportándose hasta la segunda mitad de 2027, cuando la jornada electoral ya habrá concluido.
La postura en contra: sobre-regulación y falta de consenso técnico
En contraparte, el bloque mayoritario integrado por Guadalupe Taddei, Norma Irene de la Cruz, Uuc-kib Espadas, Jorge Montaño, Frida Gómez Puga, Blanca Cruz y Arturo Chávez, sostuvo que la normativa electoral vigente cuenta con herramientas suficientes para sancionar irregularidades sin necesidad de aprobar un instrumento adicional.
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Suficiencia legal: La consejera Norma Irene de la Cruz y el consejero Uuc-kib Espadas señalaron que la legislación actual ya contempla la atención a estas conductas y cuestionaron la claridad técnica del documento.
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Falta de consensos: La consejera presidenta Taddei argumentó que el proyecto requería mayor análisis jurídico, así como un proceso de diálogo más amplio entre las distintas consejerías y representaciones de los partidos políticos.
A pesar de desechar la propuesta, el INE aclaró que mantiene intactas sus atribuciones constitucionales para investigar el origen de los recursos partidistas y fiscalizar las actividades operativas conforme al marco legal ordinario.
