PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Desde que asumió la alcaldía de Felipe Carrillo Puerto en 2021, Maricarmen Candelaria Hernández Solís, ha convertido al municipio maya en el escenario de una gestión marcada por el crecimiento de los presupuestos públicos y, al mismo tiempo, por una cascada de señalamientos de irregularidades financieras, presunto tráfico de influencias y un rápido cambio en el estilo de vida de su círculo cercano, es otro ejemplo de la corrupción de los que presumen que no eran iguales y que el humanismo llegaría a todos los hogares; y si cambio y si llegó pero a sus casa particulares, la de su hermano, su cuñada, su familia y a los integrantes del ‘Cartel de la Obra Pública’, usufructuando más de 3 mil 500 millones de pesos en 5 años.
Reelegida en 2024 para un segundo periodo consecutivo que inició el 30 de septiembre de ese año, la alcaldesa morenista enfrenta ahora aspiraciones a una diputación mientras críticos, medios locales y opositores documentan lo que describen como un esquema de control familiar sobre recursos, obras y estructuras partidistas.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó, en la revisión de la cuenta pública 2024, presuntos daños a la hacienda pública federal por más de 27 millones de pesos —cifras precisas rondan los 27.7 millones— en la administración de Hernández Solís. De una muestra auditada de alrededor de 52 millones de pesos en recursos federales (FAISMUN, Fortamun y participaciones), más del 53 por ciento presentó observaciones.
Una parte, superior a los 3 millones de pesos, corresponde a compras de bienes en las que no se acreditaron entradas a almacén ni recepción formal. Otra, de más de 24 millones, se relaciona con obras de pavimentación, ampliación de redes de agua y construcción de calles de terracería con carpeta asfáltica en las que faltaron pruebas de laboratorio suficientes, reportes fotográficos georreferenciados y controles de compactación o espesor. La alcaldesa presentó documentación que la ASF rechazó; el municipio contó con plazos para solventar, pero los señalamientos permanecen en el centro del debate público.
A estos hallazgos se suman denuncias de un presunto “espejismo contable” de más de 317 millones de pesos, en el que se habrían utilizado contratos de ejercicios anteriores para justificar gastos de obra pública en 2025. Medios locales y líderes ejidales han exigido auditorías más profundas por parte de la Auditoría Superior del Estado y la Unidad de Inteligencia Financiera.
El presunto “cártel de la obra pública” y las licitaciones sospechosas son en base a investigaciones periodísticas locales que han documentado la asignación reiterada de contratos millonarios a empresas vinculadas con exfuncionarios o allegados de la administración. Grupo Maca Quintana Roo (también referida como AMZA Energy), representada por José Alberto Mares Zavala, socio de un exresidente de obras públicas del ayuntamiento, recibió contratos que suman montos significativos: uno documentado de más de 4 millones de pesos en 2022 por mobiliario y equipo, y señalamientos posteriores que elevan la cifra total a más de 14 millones en distintos rubros, incluidos baños y saneamiento en comunidades mayas.
Otras constructoras, como T Capital Corp, aparecen en reportes por contratos de pavimentación en los que se señalan lazos de parentesco o sociedad entre supervisores municipales y apoderados de las empresas beneficiadas. Empresas de la familia Madrid Guzmán (Construcciones Dalbah y Maype Construcciones) obtuvieron contratos por varios millones entre 2023 y 2024 para techos firmes y pavimentación, algunos de los cuales habrían sido reportados en ejercicios posteriores.
Casos similares involucran a constructoras como AYCAS y otras de reciente creación o con giros comerciales ajenos originalmente a la obra pública, que habrían recibido adjudicaciones casi simultáneas en Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco.
El núcleo de estas acusaciones de colusión y tráfico de influencias gira en torno a David Hernández Solís, hermano de la alcaldesa y Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Quintana Roo. Previamente uno de los consejeros estatales más votados por el Distrito 02, David fue expareja de Yensunni Martínez Hernández, alcaldesa de Othón P. Blanco (Chetumal).
Durante el matrimonio fungió como presidente honorario del DIF municipal de esa demarcación. Medios locales lo señalan como el enlace o cabildero que negociaba contratos de infraestructura aprovechando el acceso a ambos ayuntamientos. Tras la separación —Yensunni contrajo nuevas nupcias a inicios de 2026—, David continuó en la estructura partidista. Denuncias de contratistas hablan de un esquema de “licitaciones cruzadas” en el que un mismo grupo de proveedores se turnaba preferencias en ambos municipios, sumando ganancias superiores a los 21 millones de pesos en proyectos de techados, pisos firmes e instalaciones eléctricas.
La red familiar se completa con la madre de la alcaldesa, María del Carmen Solís Sánchez, quien ocupa la presidencia honorífica del DIF municipal de Felipe Carrillo Puerto. Críticos afirman que esta estructura de parentesco —dirigencia partidista, alcaldías y cargos de asistencia social— generó un “blindaje” que dificultó la fiscalización real de los recursos de obra pública.Enriquecimiento inexplicable, lujos y el contraste con la pobreza.
Detractores documentan un cambio acelerado en el patrimonio de la familia Hernández Solís. Reportes de medios locales señalan la adquisición de propiedades a precios subvaluados, omitidas en declaraciones de transparencia: terrenos que suman más de 1.25 hectáreas con permisos emitidos por la propia administración, y una casa de cerca de 3.7 millones de pesos en el condominio Selvanova de Playa del Carmen, liquidada por la madre de la alcaldesa en pocos meses pese a ostentar un cargo honorario.
También se menciona una camioneta GMC Sierra 4×4 Denali modelo 2025 valorada en cerca de 1.94 millones de pesos registrada a nombre de Mary Hernández, así como referencias previas a vehículos de lujo como una Cadillac Escalade, joyas y otras propiedades.
Las declaraciones patrimoniales de la alcaldesa muestran remuneraciones netas acumuladas de alrededor de 4.8 millones de pesos en varios años de gestión, con fluctuaciones y un año sin declaración. Críticos sostienen que estos ingresos no explican el ritmo de adquisiciones. Mientras tanto, el municipio —uno de los más pobres de Quintana Roo, con decenas de miles de habitantes en condición de pobreza— sigue enfrentando rezagos en infraestructura básica, caminos y servicios.
Los paquetes económicos autorizados para el municipio durante la gestión de Mary Hernández reflejan un crecimiento sostenido. En 2022, el presupuesto anual autorizado fue de 572 millones 7 mil 892 pesos. En 2023 alcanzó 706 millones 499 mil 64 pesos. Para 2024 se autorizaron 752 millones 88 mil 903 pesos (modificado posteriormente a alrededor de 747.7 millones). En 2025 se proyectaron cifras cercanas a los 790-792 millones de pesos, sujetas a ampliaciones federales vinculadas al Tren Maya.
Para 2026 el presupuesto autorizado ronda los 810 millones 577 mil 744 pesos. Sumando los montos conocidos de los años completos y parciales de su gestión desde 2021, la alcaldesa ha manejado recursos públicos que superan los 3 mil 500 millones de pesos en estos cinco años, concentrados en inversión física, obras y programas sociales que, según las auditorías, presentan graves deficiencias de comprobación.
En el discurso oficial, Mary Hernández presenta informes con cientos de acciones de obra (567 acumuladas según su segundo informe), parques, mercados y apoyos sociales. Sin embargo, la oposición —incluido el PRD en su momento— promovió recursos por supuesto uso indebido de recursos y promoción personalizada, aunque el Tribunal Electoral de Quintana Roo determinó en marzo de 2024 que las conductas eran inexistentes por falta de sustento.
La crítica más profunda apunta a la doble moral de Morena: mientras el partido predica austeridad y “no robar, no mentir, no traicionar”, una familia concentra alcaldías, posición en la dirigencia estatal y ahora aspira a diputaciones federales y locales, con David Hernández perfilándose hacia la presidencia municipal de Chetumal y otros familiares mencionados en listas de posibles candidaturas.
En la Zona Maya, donde la pobreza persiste y las obras a menudo carecen de calidad o comprobación, el rechazo se expresa en denuncias de líderes ejidales, reportajes locales y el contraste entre los lujos del poder y las carencias cotidianas. Mary Hernández busca ahora proyectarse más allá del municipio.
Ahora se entiende por qué los órganos fiscalizadores aún deben responder con claridad, es si los millones manejados y las redes tejidas alrededor de su figura representan la transformación prometida o el consolidación de un poder familiar que opera con total impunidad en el corazón maya de Quintana Roo.
