PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | En Quintana Roo la tierra no es un simple recurso es el verdadero poder y una fuente inagotable para los gobernantes en turno. Un poder que se hereda, se recicla y se disputan las élites políticas de generación en generación. Y en el centro de esa disputa, desde hace casi dos décadas, aparece una y otra vez el nombre de José Alberto Alonso Ovando.
Desde enero de 2025, cuando relevó a Armando Lara De Nigris al frente de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS), Alonso Ovando se ha convertido en el hombre que decide qué predios se regularizan, cuáles se clausuran y cuáles se “ponen en orden” dentro de las reservas estatales. Oficialmente combate “mafias agrarias”.
En los hechos, activistas, ejidatarios, abogados y reportajes periodísticos lo señalan como el operador que perfecciona el tráfico y la legalización de terrenos —principalmente en la Riviera Maya— dentro de una estructura de poder que lo protege.
Alonso Ovando construyó una carrera técnica que lo catapultó temprano a la burocracia estatal. Bajo el gobierno de Félix González Canto llegó a titular de la entonces Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional (SEPLADER). Ya entonces las críticas por opacidad en obras y manejo de deuda pública alcanzaban a toda la administración y el patrón de irregularidades que después lo marcaría comenzó a gestarse en las dependencias que manejaban infraestructura, agua y territorio.
Fue con Roberto Borge Angulo cuando alcanzó posiciones de mayor peso… y de mayor exposición. Primero como director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y, a partir de 2014, como secretario de Educación y Cultura (SEyC), en sustitución de Sara Latife Ruiz Chávez.
En CAPA, el organismo vital en un estado donde el agua es tan estratégica como el turismo, organizaciones como “Somos Tus Ojos” lo señalaron por nóminas infladas, asignación irregular de obras y presuntos cobros a contratistas. Aunque los procesos más sonados por desvíos en la concesión de Aguakan recayeron sobre su sucesora, Paula González Cetina, Alonso Ovando quedó vinculado a las indagatorias generalizadas que la Fiscalía abrió tras 2016 contra al menos 17 altos funcionarios del borgismo.
En la Secretaría de Educación los señalamientos se volvieron más concretos y dolorosos. Al término del sexenio, auditorías estatales y de la Auditoría Superior de la Federación detectaron observaciones millonarias en programas federales como el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y Escuelas de Tiempo Completo.
Se le acusó de retener cuotas sindicales y pagos al FOVISSSTE descontados de la nómina magisterial, lo que envió a miles de docentes al Buró de Crédito y les cerró el acceso a créditos de vivienda. También se documentaron pagos a personal no justificado y desvíos de fondos federales. Medios locales hablaron de más de 140 millones de pesos en observaciones.
Alonso Ovando alegó “discrepancias administrativas pendientes de solventar”. Nunca se le acreditó responsabilidad penal de forma pública y definitiva, pero el daño reputacional fue contundente: se consolidó la imagen de un experto en succionar presupuestos y traficar influencias.
En abril de 2017 un juez de lo penal en Quintana Roo libró orden de aprehensión en su contra por presunto desvío de recursos y enriquecimiento ilícito. Alonso Ovando promovió juicios de amparo —entre ellos el 242/2017— y logró evadir la detención. Paralelamente, investigaciones periodísticas revelaron que figuraba como propietario de al menos once inmuebles de alto valor: tres en Chetumal, tres en Tulum, tres en Cancún y dos en Holbox.
Uno de los casos más llamativos fue un predio de más de tres mil metros cuadrados en la carretera Mahahual-Xcalak, transmitido a su nombre en junio de 2016 por un valor de operación de cero pesos, según el Registro Público de la Propiedad. Otras propiedades adquiridas entre 2012 y 2014, cuando ocupaba cargos en CAPA y SEyC, sumaban valores estimados de varios millones de pesos.
Después del cambio de gobierno, Alonso Ovando no salió del círculo del poder. Fue diputado local en la XIII Legislatura, secretario general del PRI estatal y, en 2021, candidato a diputado federal por el Distrito 02 (Chetumal) bajo la alianza “Va por México”. En ese proceso enfrentó una sanción por violencia política en razón de género. La Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que, junto con la entonces dirigente estatal del PRI, había incurrido en violencia política contra la diputada Judith Rodríguez Villanueva. Se le impuso multa y se le ordenó una disculpa pública, que finalmente ofreció. Perdió la elección.
En enero de 2022 el gobernador Carlos Joaquín González lo nombró director general de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado (AGEPRO), el organismo que concentra el patrimonio inmobiliario estatal y las facultades heredadas de los polémicos IPAE e INFOVIR. Desde allí se convirtió en lo que medios locales bautizaron como el “Zar de la Tierra”.
Su gestión coincidió con una explosión de conflictos por predios en Tulum, Mahahual y la zona norte. Activistas y abogados lo acusaron de ventas irregulares, entre ellas la transferencia de un valioso predio en Tulum a una empresa calificada de “fantasma”. Ejidatarios del sur del estado lo denunciaron públicamente ante el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador por presuntos actos de corrupción en la titulación de tierras de alta plusvalía.
En enero de 2025, bajo la actual administración, pasó de AGEPRO a la titularidad de SEDETUS. Las controversias no cesaron: se centran ahora en la parálisis administrativa en zonas de alta plusvalía como Costa Mujeres, donde propietarios e inversionistas se quejan de bloqueos derivados de “avisos preventivos” para investigar dobles ventas o escrituras falsas. La dependencia ha boletinado más de 130 desarrollos irregulares y clausurado comercializadoras que vendían terrenos sin permisos ni servicios. Oficialmente se reconoce la existencia de al menos 400 asentamientos irregulares en el estado. Alonso Ovando es constantemente mencionado como el “regularizador” de todo lo ilegal de esta administración.
Los señalamientos en su contra —desvíos, enriquecimiento, contratos opacos, violencia políticos han sido documentados por auditorías, medios y organizaciones civiles. Ninguno ha culminado, al menos públicamente, en una sentencia condenatoria. Él ha logrado, una y otra vez, mantenerse en el poder a través de amparos, cambios de gobierno y una capacidad de adaptación que le ha permitido pasar del priismo clásico a las nuevas configuraciones de la política local.
