El Gobierno del Estado de Baja California confirmó la existencia de contratos celebrados con empresas y personas físicas recientemente incluidas en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Mediante un oficio signado por el oficial mayor David Ramsés Cervantes Aguilar, la administración estatal reconoció las asignaciones comerciales —enfocadas principalmente en equipamiento, suministros e infraestructura técnica de seguridad pública—, aunque precisó que al momento de la firma los proveedores no registraban inhabilitaciones fiscales ni impedimentos legales. Ante los señalamientos del gobierno estadounidense, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ordenó remitir la totalidad de los expedientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para deslindar responsabilidades. En el listado corporativo figuran firmas vinculadas a exfuncionarios locales y familiares de la mandataria, entre las que destacan Vida Orgánica Tijuana, Edifika Desarrollos Baja y Distribuidora y Comercializadora ATAF.
