PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | En el escenario político yucateco de la administración, una figura concentra como pocas las contradicciones de un gobierno que predica austeridad y transformación mientras acumula cuestionamientos por opacidad, incapacidad de entrega de resultados tangibles y redes de intereses que se entrelazan con acusaciones de financiamiento ilícito y privilegios familiares.
Se trata de Jorge Ermilo Barrera Novelo, mejor conocido como “Milo”, el secretario de Economía y Trabajo, un joven nacido en Mérida el 24 de enero de 1995, egresado de Relaciones Internacionales por el ITAM, con diplomados y cursos en Harvard, el BID y otras instituciones, que ha pasado de la Comisión Reguladora de Energía a dirigir la Agencia Estatal de Energía de Puebla, luego la Secretaría de Economía de ese estado y, desde finales de 2024, la cartera económica de Yucatán, siempre con señalamientos de corrupción.
Su ascenso fue vertiginoso, en Puebla, bajo Sergio Salomón Céspedes, se presentó como el secretario más joven de la historia reciente, impulsor de inversiones en electromovilidad y ampliación de plantas automotrices. Llegó a Yucatán con el respaldo del sector privado local y la promesa de dinamizar la economía del “Renacimiento Maya”.
Sin embargo, su paso por la administración pública yucateca ha estado marcado por tropiezos políticos, promesas incumplidas en torno al Puerto de Progreso, aspiraciones anticipadas que él mismo ha tenido que desmentir y una serie de señalamientos mediáticos que lo vinculan a prácticas opacas, lujo ostentoso y posibles nexos con estructuras de poder paralelas.
Desde el Congreso local y las cúpulas empresariales, su gestión ha generado desaprobación visible. El paquete fiscal 2026 y la negativa del Legislativo a autorizar un crédito de más de 1,500 millones de pesos colocaron a Barrera Novelo como uno de los grandes perdedores políticos de la administración.
No logró contener el descontento empresarial ante el aumento al Impuesto Sobre Nóminas. En la Semana de la Economía Digital, los representantes de las principales organizaciones del sector privado brillaron por su ausencia en la inauguración, a diferencia de la presentación previa.
Un video que circuló ampliamente lo captó riéndose —incluso a carcajadas— mientras el presidente nacional de Coparmex exponía las dificultades del sector productivo ante el gobierno, una imagen que muchos interpretaron como desprecio ante reclamos legítimos sobre costos, certidumbre y diálogo.
El Puerto de Progreso se convirtió en uno de sus mayores escollos discursivos. Barrera Novelo habló de ampliación y modernización del puerto de altura, de inversiones millonarias que convertirían la terminal en plataforma logística del sureste, de gestiones ante la Federación.
El resultado, según análisis políticos locales, fue cero pesos etiquetados desde el gobierno federal. Las promesas quedaron en malabares verbales, visitas y reuniones sin desembolsos concretos. Medios críticos han ido más lejos: señalan que su interés en el puerto no sería solo de desarrollo legítimo, sino la proyección de prácticas aprendidas en Puebla, donde se le ha acusado de operar en el entorno de redes de robo de combustible.
Publicaciones de oposición y columnas locales lo describen como posible “mediador político-financiero” que habría facilitado la inyección de recursos de procedencia ilícita a la campaña a cambio de su posición en el gabinete. ‘Milo’ ha mantenido silencio o desmentidos genéricos ante tales acusaciones.
Las aspiraciones políticas de Barrera Novelo se adelantaron a cualquier calendario oficial. Durante meses circuló su nombre para la alcaldía de Mérida en 2027 o para una diputación federal. Analistas locales consideraron que el fracaso en contener a los empresarios, la falta de recursos federales para el puerto y el desgaste del paquete fiscal sepultaron esas pretensiones.
Él mismo ha declarado en reiteradas ocasiones que no tiene intenciones de pedir licencia, que está contento en la Secretaría y que seguirá mientras el gobernador lo permita. Aun así, anunció que se afiliaría a Morena “con mucho gusto”, argumentando que siempre comulgó con sus ideales aunque no había necesitado formalizarlo.
La contradicción entre el discurso de lealtad absoluta al cargo y la especulación constante sobre su futuro electoral ha alimentado la percepción de un funcionario más ocupado en posicionarse que en resolver problemas estructurales.
Los señalamientos de corrupción e irregularidades se acumulan en medios locales y redes. En septiembre de 2026 enfrentó una polémica por un viaje al Reino Unido y Escocia. El gobierno estatal lo presentó como misión comercial: firma de convenio con la Cámara de Comercio México-Reino Unido, prelanzamiento de política industrial con especialistas de Cambridge, agenda en Londres.
Luego surgieron acusaciones de que el traslado, que incluyó asistencia a una boda en Escocia, habría costado hasta 2.5 millones de pesos del erario. Barrera Novelo respondió con contundencia: “El 100% del costo de la misión a Reino Unido la cubrí yo en su totalidad, justamente porque iba a concurrir con un evento personal”. Calificó las acusaciones de “pura falacia”.
La explicación, lejos de cerrar el debate, abrió nuevas preguntas: si era una misión oficial anunciada por el gobierno, por qué el funcionario asegura haber pagado todo de su bolsillo, nunca presentó ningún comprobante de gastos. El contraste con el discurso de austeridad republicana se volvió más agudo-
En septiembre de 2025 se difundió que elementos de la Armada le habrían decomisado producto marino (caracol, especie en veda o protegida) en la zona del Arrecife Alacranes. Según esas versiones, el funcionario y acompañantes fueron liberados rápidamente valiéndose de su condición.
Su estilo de vida, viajes, eventos de alto costo y presencia en la Fórmula 1, ha sido contrastado reiteradamente con sus ingresos declarados y con el discurso austero del movimiento al que ahora dice pertenecer.
Reportajes aluden a un “clan familiar” que habría obtenido posiciones y ventajas en administraciones previas. Su matrimonio con Ivonne Rivero Díaz-González lo vinculó públicamente con Luis Alfonso Rivero Molina, señalado en investigaciones periodísticas como pieza de la llamada “mafia agraria” que opera en el tráfico y acaparamiento de tierras ejidales de alta plusvalía en la zona norte de Mérida.
Para críticos, esa unión no es solo personal: consolida una bisagra entre el poder político actual y redes de negocios inmobiliarios de larga data.
Hace unos días, durante un evento público, Barrera Novelo vivió en vivo un corte de energía eléctrica. El “apagón” se volvió viral. Ciudadanos y opositores lo convirtieron en símbolo de la crisis energética que padece Yucatán bajo la actual administración, una ironía amarga para el funcionario encargado de impulsar la economía mientras miles de familias sufren interrupciones recurrentes del servicio.
El recorrido de Ermilo Barrera Novelo por la administración pública es el de un funcionario que, según sus críticos, ha reproducido prácticas de opacidad, ha fallado en entregar resultados concretos en proyectos emblemáticos como el Puerto de Progreso, ha generado rechazo en el sector productivo y carga con un historial de señalamientos de huachicol en Puebla, privilegios familiares, viajes cuestionados, pesca en áreas protegida, que, aunque no se han traducido en procesos penales concluidos, erosionan la legitimidad de un gobierno que llegó prometiendo acabar con la impunidad.
Las investigaciones que documentan cómo el poder se protege a sí mismo, la figura de “Milo” ilustra una vez más la distancia entre el discurso transformador y la realidad de redes que se perpetúan bajo nuevos colores. Mientras las promesas de inversión y modernización siguen esperando hechos verificables, las preguntas sobre el origen de su influencia y la naturaleza de sus alianzas continúan sin respuesta plena ante la ciudadanía yucateca.
